José Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), reveló estar sujeto a una investigación en la Procuraduría General de la República (PGR), ya que colaboradores de Marisela Morales tratan de relacionarlo con grupos criminales, y por decisión de la ex procuradora, la Seido fue utilizada por militares para afectar al general Tomás Ángeles Dauahare, quien llegó a ser considerado candidato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en esta administración federal.

A dos semanas de que el gene­ral Ángeles Dauahare fue declarado inocente y dejado en libertad tras permanecer 11 meses en el penal de máxima seguridad conocido como La Palma o El Altiplano, el ex subprocurador ofreció diversas entrevistas para dar a conocer que era un funcionario acotado, con dife­rencias de criterio frente a su jefa, la ex procuradora Marisela Morales, y que ella decidió dejar en manos de militares la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (Ueidcs) y excluirlo de las investigaciones que ellos realizaban.

Salinas Martínez, quien se desempeña como secretario de acuer­dos en un tribunal unitario del Poder Judicial Federal, reconoció que decidió hablar de la existencia de una supuesta averiguación previa y de las situaciones que se vivieron en la Seido, para protegerse de la posibilidad de que pidan una orden de aprehensión en mi contra o me maten (presuntos criminales que lo han amenazado por teléfono).

Agregó que la PGR fue utilizada por algún personal que podía formar parte del Ejército, militares que estuvieran interesados en perjudicar al general. (De hecho), sólo tuve conocimiento de la detención del general Ángeles Dauahare hasta que me llamó Marisela y me preguntó si yo había detenido a un general, a lo que le respondí que no tenía idea de lo que me hablaba.

El ex subprocurador hizo estas declaraciones, cuando está a punto de resolverse la situación jurídica de los generales Roberto Dawe, Ricardo Escorcia, Rubén Pérez, así como el mayor Iván Reyna y el teniente coronel, Silvio Isidro de Jesús Hernández, quienes, junto con el general Ángeles Dauahare, fueron acusados de delincuencia organizada, porque supuestamente brindaban protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva; sin embargo, las acusaciones realizadas por testigos protegidos nunca fueron comprobadas por el Ministerio Público Federal.

Salinas Martínez responsabilizó de la integración del caso conocido como Los generales al ex titular de la Ueidcs, el militar Gerardo Salazar Bolaños: “se presentó en mi oficina con instrucciones de ella (Marisela Morales) y me dijo que iba a tener en reserva algunas investigaciones, y que esas no serían de mi conocimiento. Asimismo, participó en la integración otro militar, Abigail Vargas. La Seido fue utilizada por mi­litares’’. Apuntó que la ex procuradora Marisela Morales debió tener conocimiento de la averiguación previa en contra de los generales, pues se inició en 2010, cuando ella era la titular de la Subprocuraduría.

La ex subprocuradora se desarrolló como Ministerio Público y fiscal con el apoyo del general Rafael Macedo de la Concha, con quien dirigió el proceso penal en contra del general Jesús Gutiérrez Rebollo y el caso El Encino, en contra de Andrés Manuel López Obrador; en la gestión de Eduardo Medina Mora llegó a subprocuradora y contó con el apoyo de militares de alto rango para ocupar la titularidad de la PGR.

Galván Galván, en la mira

En tanto, en entrevista con este diario, los abogados de los militares que fueron coacusados junto con el ge­neral Ángeles indicaron que pedirán a la PGR un informe para que la dependencia aclare si la indagatoria contra algunos mandos militares estuvo viciada de origen, como lo afirma Salinas.

A decir de los abogados de los generales Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como los defensores del teniente coronel Silvio Hernández, y del mayor Iván Reyna Muñoz, coacusados del general Ángeles, a partir de las reve­laciones que hizo el ex titular de la Seido se abre un panorama de posibilidades para investigar al ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para que se conozca si manipuló a funcionarios de la PGR con el propósito de afectar la imagen pública del general Ángeles y de otros militares.

Por otra parte, Salinas Martínez dijo estar a la espera de que la Seido le otorgue cua­tro vehículos blindados y escoltas suficientes que le garanticen, a él y a su familia directa, la seguridad indispensable que requiere un ex titular de una de las subprocuradurías de mayor riesgo que tiene la PGR, sobre todo tras ser amenazado de muerte, el pasado 3 de abril.

Se trata de una prestación de ley, no un capricho mío, dijo el ex funcionario ministerial.