Mazatlán, Sin., 5 de mayo.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) pidió al gobierno de Sinaloa atender a cerca de mil 220 familias que han debido dejar sus lugares de origen debido a la violencia relacionada con el crimen organizado.

Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, emitió la recomendación 10 junto con el Informe especial sobre los desplazamientos internos de personas en Sinaloa. Lamentó que las autoridades sean incapaces, renuentes o morosas para proteger de manera adecuada y urgente a los desplazados y no garanticen su retorno seguro.

En el informe, la CEDH afirmó que la violencia no es la única razón para el desplazamiento de unas mil 220 familias originarias de al menos 11 de los 18 municipios de Sinaloa, y solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social federal, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia que apoyen a los desplazados con empleo temporal, despensas y asistencia médica.

Aseguró que a pesar de las intenciones de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, que pretendió coordinarse con los ayuntamientos para atender a los desplazados, en la mayoría de los casos los esfuerzos fueron inútiles, pues grupos de delincuentes se apoderaron de los lugares abandonados.