La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación por el presunto uso de programas sociales federales con fines electorales en el estado de Veracruz. Interrogará a funcionarios del gobierno de esa entidad y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles, señalaron fuentes ministeriales.

A su vez, la Procuraduría General de la República (PGR) informó mediante un comunicado que a partir de este martes seis de las personas señaladas en una denuncia penal presentada por el diputado federal panista Humberto Alonso Morelli rendirán declaración ante la Fepade. El resto de los denunciados serán convocados los próximos días por esta fiscalía.

El legislador de Acción Nacional presentó la querella el pasado 17 de abril, y a partir de entonces la Fepade inició una averiguación previa por la probable comisión de conducta tipificada en el Código Penal Federal como delito electoral.

Entre los posibles delitos destacan acciones presuntamente relacionadas con el uso ilegal de recursos públicos.

Además, el uso ilícito de padrones y programas públicos con fines electorales.

En abril pasado, el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, dio a conocer en conferencia de prensa una posible red de corrupción electoral entre funcionarios del gobierno de Veracruz y de la Sedesol, en la que estarían involucrados, entre otros, el hoy ex titular de Finanzas de esa entidad Salvador Manzur Díaz, así como el ex delegado de la dependencia federal en el mismo estado Ranulfo Márquez.

La Fepade no dio a conocer los nombres de las personas que comparecerán ante el Ministerio Público a partir de este martes.

La querella del legislador señala, entre otros, al vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores en Veracruz, Sergio Vera Olvera, y a varios de los responsables de los módulos, así como a funcionarios de la delegación de la Sedesol.

De acuerdo con la procuraduría, las primeras diligencias de la investigación incluyen un peritaje oficial sobre los videos y audios y diversas pruebas que presentó Alonso Morelli, así como citatorios de testigos y personas denunciadas.

El propósito es que, con esos elementos, se tenga la claridad para determinar si existe responsabilidad penal de los funcionarios señalados.