La iniciativa de ley para el tratamiento jurisdiccional de las adicciones –aprobada en comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que se pondrá a la consideración del pleno en el próximo periodo de sesiones– busca poner fin a la criminalización de las adicciones en la capital del país, así como propiciar la rehabilitación de quienes delinquieron bajo el influjo de sustancias adictivas, señaló el diputado local del PRD Efraín Morales.

Dicha iniciativa propone crear un tribunal de tratamiento para las adicciones, cuyo objetivo sería reducir la reincidencia delictiva mediante la disminución o eliminación del consumo de drogas y alcohol, además de lograr la reinserción social a partir de establecer las bases del sistema de justicia terapéutica.

El legislador señaló que la iniciativa se sustenta en el hecho de que el Distrito Federal cuenta con una capacidad de 21 mil 468 plazas en los centros penitenciarios; no obstante, al 2 de marzo de 2012 tenía 41 mil 822 internos, de los cuales 62 por ciento son primodelincuentes y 28 por ciento reincidentes.

Indicó que, de acuerdo con los resultados de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la ciudad de México, en coordinación con el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, en la capital del país, casi 40 por ciento de los inculpados estuvieron bajo el efecto de alguna sustancia sicoactiva al momento de cometer un ilícito.

El reporte precisa que la mayoría de los detenidos infringieron la ley bajo el influjo del alcohol (77 por ciento), cocaína (42 por ciento), mariguana (33 por ciento) e inhalantes (24 por ciento). El 31 por ciento de los infractores mostró problemas de dependencia y abuso, mientras el consumo global reportado por los internos fue de 28 por ciento, siendo la mariguana la sustancia de mayor consumo (58 por ciento), señaló.

Asimismo, de los ingresos al Consejo Tutelar en 2009, 25 por ciento de los delitos fueron cometidos bajo el influjo de alguna droga, principalmente inhalantes y alcohol, destacando el robo y la portación de armas.

Al respecto, la diputada local del PRD Esthela Damián aseguró que el encarcelamiento no tiene un efecto reformador si no ofrece a los reclusos dependientes de drogas la posibilidad de optar por programas de tratamiento.

En ese sentido, la iniciativa define a la adicción como una enfermedad cerebral, crónica, recurrente que se caracteriza por la búsqueda compulsiva y el uso de sustancias sicoactivas, a pesar de sus consecuencias perjudiciales, pérdida de límites y un estado emocional negativo.

Entre los requisitos que deberán cumplir quienes busquen verse beneficiados con la propuesta una vez que sea aprobada por el pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones, está: que se les haya dictado formal prisión, sujeción o vinculación a proceso por delito patrimonial no violento y que sean consumidores de sustancias sicoactivas, previa solicitud del encausado y evaluación diagnóstica inicial, añadió.

De la misma forma, que no se encuentren procesados por la comisión de un delito grave, que sea la primera ocasión en que acceden al procedimiento, que no exista oposición fundada por parte del Ministerio Púbico, y que garanticen la reparación del daño que para el efecto haya fijado el juez penal.