Madrid, 7 de mayo.

Los trabajadores de salud de Madrid comenzaron hoy la primera de cinco jornadas de huelga contra los recortes presupuestales y los planes de privatización emprendidos en la sanidad pública por el gobierno de esta región autónoma española.

Unos 75 mil empleados de todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid, administrada por el derechista Partido Popular (PP), están llamados a secundar el paro, que comenzó anoche con una vigilia por la sanidad pública.

El objetivo de la medida de fuerza es exigir que se retire el denominado Plan de Garantías de Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, que incluye la privatización de seis grandes sanatorios y de 27 centros de atención primaria.

También abarca el cierre del Instituto de Cardiología, la centralización de laboratorios y la extinción de 26 categorías de profesionales no sanitarios, entre otras impopulares medidas, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

Los seis sindicatos del sector denunciaron que ese plan –junto a los presupuestos para 2013 aprobados en octubre pasado por el Ejecutivo regional del PP, que también gobierna España– dinamita las condiciones laborales.

La decisión de las autoridades madrileñas suscitó el rechazo de prácticamente todos los partidos políticos de la oposición y de las organizaciones sindicales, que convocaron a los cinco días de cese de labores (uno a la semana) a partir de este martes. Los siguientes paros están previstos para los días 16, 22 y 27 de mayo y el 4 de junio.

Esta serie de paros, que retoman los realizados en noviembre y diciembre de 2012, serán respaldados por todas las centrales obreras con representación en la mesa sectorial de Sanidad. Los servicios mínimos pactados entre las autoridades y los gremios equivalen a los de un domingo o día festivo, y en los nosocomios se mantendrá, además, el personal que tenga guardia programada.

El 27 de diciembre la Asamblea madrileña (Parlamento regional) dio luz verde a una controvertida norma que permitirá privatizar seis clínicas y de 10 por ciento de los centros de atención primaria de esta autonomía.

Gracias a la mayoría absoluta del PP, el legislativo autonómico aprobó entonces la llamada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2013. Esas cuentas consideran un recorte presupuestal en la sanidad pública de 7 por ciento (casi 2 mil millones de euros).

Este plan de privatización fomenta la exclusión sanitaria de los más desfavorecidos y en lo único que es eficiente es en trasladar el dinero del bolsillo de los ciudadanos a las empresas que gestionarán los centros, denunciaron los sindicatos.