En la búsqueda de superar la crisis que desde hace varias semanas vivió el Pacto por México, derivado de las denuncias por el uso proselitista de los programas sociales, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a sancionar debidamente a los delincuentes electorales, pero también a que la sociedad civil participe en la ‘‘vigilancia’’ del uso de los recursos públicos y la operación de dichos programas.

Al detallar el contenido de la firma del agregado al Pacto por México, suscrito ayer en el Salón Tesorería de Palacio Nacional por los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, y el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que este acuerdo de negociación política ‘‘vive hoy un nuevo momento’’.

Todas las partes, dijo el responsable de la política interna, han ratificado su decisión para conducir la transformación de México por el camino de la democracia y la política, avanzando en la agenda de reformas que hemos trazado juntos. ‘‘Hoy confirmamos que el Pacto por México es el instrumento creado que le da nivel y dimensión a la política’’.

Ante el presidente Peña Nieto e integrantes del Consejo Rector del Pacto, Osorio Chong presentó el contenido del documento firmado, el cual busca garantizar la limpieza y equidad en los 14 procesos electorales locales del próximo 7 de julio.

Así, citó el blindaje electoral; el papel vigilante que tendrá ahora la sociedad civil organizada; la profesionalización de los delegados federales que operan los programas sociales en los estados; la creación de comisiones plurales estatales, donde participará la Secretaría de Gobernación; la instalación de una comisión nacional plural de preservación del entorno político de equidad, integrada por los presidentes de los partidos y presidida por el secretario de Gobernación, y el impulso a la participación de observadores electorales, tanto nacionales como extranjeros.

Incluso, Osorio Chong señaló que los firmantes del Pacto por México tomaron la decisión de ‘‘adelantar y redoblar’’ esfuerzos en tres compromisos originales, como son:

–La instalación de mesas de trabajo en las que participen los representantes del consejo rector y los grupos parlamentarios de ambas cámaras, para estar en condiciones de presentar una iniciativa de reforma política y electoral, y de realizar un eventual periodo extraordinario de sesiones.

–Acordar una iniciativa que cree el sistema nacional de programas sociales, que permita combatir con mayor eficacia la pobreza, que evite las duplicidades, los subsidios regresivos y que establezca evaluaciones permanentes, así como la transparencia integral.

–Reforzar el esfuerzo para que las iniciativas de ley relacionadas con deudas estatales, transparencia y combate a la corrupción alcancen los objetivos planteados.

Convencido de que la crisis del pacto ha sido superada, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que ante las ‘‘circunstancias’’ que detuvieron el ritmo que venía teniendo el pacto, se optó por resolver el conflicto y no prolongarlo de manera permanente. ‘‘Este es el espacio que nos permite ponernos de acuerdo, construir y reconstruir; revisar y reconducir nuestras naturales diferencias’’, dijo el funcionario federal durante su intervención en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Dentro del blindaje de los programas sociales, el agregado firmado establece la suspensión temporal de todos los movimientos en los padrones de beneficiarios en los 14 estados donde habrá elecciones, la publicación inmediata de dichos padrones y la investigación de las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados, en las que se hagan retiros de efectivo de cantidades relevantes.

Además, en la vigilancia que realice la sociedad civil, ésta también podrá auditar la aplicación de los programas sociales y emitir una opinión sobre los padrones y las reglas de operación de dichos instrumentos, promoviendo observatorios ciudadanos del ejercicio del gasto de los gobiernos locales.

Respecto de la profesionalización de los delegados estatales, se acordó que los partidos políticos y el gobierno de la República establezcan de manera conjunta criterios que normen el perfil de los operadores de los programas sociales.

A esta serie de medidas se suma la decisión de promover entre los gobernadores y presidentes municipales, que se abstengan de entregar apoyos gubernamentales en los 45 días previos a las elecciones y hacer públicos los padrones de todos los programas que tienen a nivel municipal.