La propuesta que algunas organizaciones civiles presentaron al Congreso de las Unión, con el apoyo de legisladores del PRI, para que se apruebe un código único de procedimientos penales, de aplicación en todo el país, provocó este martes un llamado unánime al Poder Legislativo federal para que abra un periodo extraordinario de sesiones y apruebe esa iniciativa.

Al participar en una de las mesas de discusión del quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Valls; el diputado del PRI, José Alberto Rodríguez Calderón, la responsable del Consejo para Implementar el Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow; el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el penalista Roberto Hernández, productor del documental Presunto culpable, se sumaron a la propuesta de un código procesal único, aunque con distintos matices.

Según el ministro Valls, la unificación de la ley adjetiva penal (Código de Procedimientos Penales) permitirá a las procuradurías estatales y a la General de la República tener tipos penales homogéneos, para evitar con ello que los criminales encuentren refugio en algunas entidades en las que, como ahora sucede, la punibilidad (número de años de prisión) del delito sea menor que en la que se cometió el acto ilícito.

El ministro celebró que ahora exista la voluntad de acelerar la aplicación de la reforma con la creación de un código único de procedimientos penales, que serviría para homogeneizar las reglas procesales en todo el país.

Por otra parte, el diputado del PRI José Alberto Rodríguez Calderón pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto alcanzar a las entidades federativas en los esfuerzos por aplicar la reforma en materia de justicia penal.

El también representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal aseguró que existe la mejor intención del Congreso de la Unión de hacer transitar la reforma lo más pronto posible.

En su oportunidad, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la reforma penal va a pasar por retos financieros, de armonización y, sobre todo, a mí lo que más me interesa, es comunicarle a la ciudadanía cómo va a operar este esquema, sino podemos encontrar una resistencia muy importante para su aplicación.

Al participar en la mesa uno, Nuevo Código de Procedimientos Penales para la Federación, el mandatario lanzó el siguiente cuestionamiento: ¿cuánto nos cuesta en el Distrito Federal? Nosotros hemos hecho cálculos entre 8 mil millones y 10 mil millones de pesos para la implementación, más o menos tenemos el costo de lo que pudo haber manejado todo el país de Chile o varios países de Centroamérica.