Pese a que la forma de operar de la empresa Speed Cars (antes Auto Max) es más que un fraude, difícilmente se puede emprender una acción penal contra la misma, ya que la compraventa de autos se realiza con la firma de un contrato, en un acuerdo entre particulares, cuyo incumplimiento corresponde a la materia civil, señaló el diputado Antonio Padierna.

Entrevistado respecto de las quejas y demandas presentadas contra dicho lote de autos, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dijo que el solo hecho de entregar un cheque sin fondos, como parte del pago de un vehículo, es ya un delito penal.

Asimismo, dijo, por el simple hecho de que cambien de razón social es más que evidente de que se trata de una empresa fraudulenta, pues una forma de evadir la responsabilidad es cambiándose de nombre, por lo que es necesario revisar el funcionamiento de esa empresa.

Aclaró, es necesario que los afectados denuncien ante el Ministerio Público cuando no les reciban el cheque en el banco, pues al aceptar que se les repare el daño, al recibir en efectivo la cantidad de dicho documento, queda sin efecto el ilícito; ahí es donde los enganchan, pues ya aceptó la operación con las condiciones que imponen esas personas.

El legislador se manifestó por verificar el funcionamiento de esa empresa, lo cual es facultad del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, así como revisar el Código Civil para realizar las modificaciones necesarias que garanticen que en ese tipo de contratos se protegen los derechos de los ciudadanos.

A mí me parece que tenemos que intervenir, en un sentido, en la cuestión de la legalidad de este tipo de actos y de esta manera buscar la manera de garantizar la protección de las víctimas de este tipo de delitos; solamente que necesitamos que gente (afectada) nos pueda expresar su problema.

Señaló que una de las tareas que se deben realizar es verificar que los contratos que utilizan esas empresas estén debidamente registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, y de no ser así pedir al Invea la clausura del lugar.

Al respecto, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia señaló que ofrece asesoría jurídica por medio de la línea ciudadana 5533 5533 a quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad en estos casos, que pueden conllevar a la consolidación de un fraude.

Señaló que se tienen reportes de diversas compañías ilegítimas que se hacen pasar por empresas confiables de compra-venta de vehículos, por lo que recomendó que antes de realizar un transacción de ese tipo se debe solicitar los datos del comprador o vendedor y verificar dicha información.