as circunstancias no son propicias para que el Congreso mexicano le autorice a Felipe Calderón la aceptación de un alto reconocimiento por parte del reino de España por presuntos méritos civiles que en su patria le están siendo seriamente impugnados, sobre todo por cuanto al uso politizado y vengativo de la procuración de justicia y por los horrores de su guerra contra el narcotráfico, y cuando han sido difundidos en la propia prensa ibérica indicios de corrupción y tráfico de influencias por parte del yerno del rey Juan Carlos en las relaciones diplomáticas y comerciales con el felipismo.

La decisión soberana del gobierno derechista encabezado por Mariano Rajoy, de asignar al ahora becario de Harvard la condecoración de la Orden al Mérito Civil, en grado de collar, adquiere significados poco prestigiosos conforme se van asentando en México las evidencias de lo contrario a lo que se pretende enaltecer. Es decir, Felipe Calderón demeritó el ejercicio del poder público en México, y actuó en contra de los intereses ciudadanos, como puede verse entre otros botones de muestra con la fabricación de expedientes judiciales por venganzas grupales o motivaciones políticas.

Cierto es que Calderón encaja sin problema en la hipótesis impulsora de la entrega de tan relevante condecoración, pues la pueden recibir aquellos extranjeros que, a juicio de la administración ibérica en turno, hayan prestado servicios distinguidos a España o una notable colaboración en todos aquellos asuntos que redunden en beneficio de ella. El panista michoacano apenas se instaló en Los Pinos y ya estaba desplegando una estrategia de entendimientos empresariales comisionables con varias firmas españolas a través de Juan Camilo Mouriño Terrazo, un secretario de Gobernación nacido en Madrid e hijo de un ciudadano español dedicado a hacer negocios en México desde Campeche. La muerte de Mouriño no frenó la apertura de puertas para la reconquista económica de México, en un proceso de resoluciones políticas desde el poder (permisos, concesiones, prebendas fiscales, protección) para beneficio de capitales hispanos.

Las siempre sugerentes relaciones espléndidas del calderonismo con el dinero y el poder españoles tomaron un giro peculiar el mes pasado, cuando se conoció que el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, recibió 375 mil euros (seis millones y medio de pesos) por facilitar encuentros y concertar citas con el gobierno del panista Felipe Calderón, según documentan correos electrónicos que fueron entregados al juez por el ex socio de Urdangarin, Diego Torres (bit.ly/13H8YU2).

Según la nota enviada por el corresponsal de La Jornada en Madrid, Armando G. Tejeda, el propio Juan Carlos realizó maniobras para favorecer el interés empresarial del yerno: Entre las gestiones que realizó el monarca figuran los encuentros con el ex presidente mexicano, sobre todo en dos momentos concretos: en la visita de Calderón a España en 2007, y en junio de 2008, cuando volvió con la intención de promover los contratos públicos mexicanos entre los empresarios españoles. En las dos visitas, Calderón fue recibido en el Palacio de la Zarzuela, pero a diferencia de otros jefes de Estado que visitan al monarca, la delegación anfitriona incluyó a Urdangarin y a su esposa. Algo poco habitual y que, según los datos investigados ahora por la justicia, lo único que pretendían era cortejar al mandatario mexicano en beneficio de las empresas para las que trabajaba Urdangarin.

Además, conforme al correo entregado por el ex socio Torres al magistrado español,  Urdangarin le explicó al presidente de la empresa Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, que los grandes proyectos de agua pública, desarrollos turísticos y energía eólica en México se promueven principalmente a nivel federal y, por tanto, la puerta es el mismo presidente de México, Felipe Calderón, con quien la casa real tiene muy buenas relaciones.

Con tales antecedentes, resultaría contradictorio que el Congreso mexicano autorizara a recibir una condecoración por mérito civil a alguien a quien el priísmo en el poder acusa de graves manipulaciones en la procuración de justicia y a quien se le está involucrando en medios hispanos de, cuando menos, ser cortejado para ceder a negocios españoles de los que siempre ha habido constancia de un sospechoso trato preferente por parte de ese derechismo de blanco y azul en el sexenio pasado.

Sin embargo, el grado de cinismo en los poderes mexicanos institucionales está en niveles muy altos, con las cúpulas partidistas en pacto de mutua protección y alegre reparto de regalías. El Chayogate jarocho quedó en ajustes burocráticos menores y en nuevos acomodos de la oposición perredista y panista en las representaciones teatrales del Pacto por México.

El escándalo de la llamada lady Profeco también fue conjurado en escalones bajos, mediante la suspensión temporal de cuatro funcionarios que obedecieron a la hija del procurador Humberto Benítez Treviño para intentar la clausura de un restaurante de la capitalina colonia Roma. En una de esas declaraciones públicas que exhiben la impudicia de la clase política, el citado procurador Benítez puntualizó: nunca pensé en renunciar, pues no estuve involucrado en el caso de mi hija. Si fuera cierto que el jefe de esa procuraduría no supo nada de lo que su descendiente andaba haciendo, también debería renunciar, pues sería grave que tantos subordinados suyos actuaran por sí mismos, atropellando procedimientos y violentando situaciones, para satisfacer los caprichos de la hija Andrea.

Y, mientras siguen las historietas de influyentismo urbano, ahora a cargo de un par de mujeres en estado de ebriedad que, luego de que la conductora hubiera chocado su Porsche y provocado que fuera lesionada una persona, se dijeron intocables familiares de Apolo Alfa 3 (¿quién será ese mando de la SSP-DF? ¿Acaso Luis Rosales Gamboa, quien estuvo a cargo del 1DMX?), aunque aún así la responsable fue encarcelada, ¡feliz fin de semana!

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