iez años parece que son nada, pero para varias comunidades rarámuri de la sierra de Chihuahua, es el espacio que han ido llenando con su combate por defender su maíz, ese maíz que lleva cientos de años adaptándose a los fríos, a las sequías, a la altitud, a los suelos pedregosos.

Desde 2003, las comunidades de Magulliachi, El Consuelo, Bacaburéachi, Pasigochi y Rocheachi de los municipios de Carichi y Guachochi de la sierra Tarahumara participaron en los muestreos para determinar si había contaminación de toxinas transgénicas en las plantas de maíz de sus parcelas.

La actividad de los muestreos fue organizada por CECCAM, Cenami, Grupo ETC, Consultoría Técnica Comunitaria Contec. Las indagatorias revelaron que 33 por ciento de las muestras estaban contaminadas con maíz transgénico. La fuente del contagio: el maíz distribuido por Diconsa en sus tiendas comunitarias y el proveniente de la ayuda alimentaria ofrecida por instituciones privadas.

Desde entonces, gobernadores indígenas, asociaciones civiles y organizaciones campesinas denunciaron la contaminación del maíz nativo. En 2004 enviaron una carta al gobernador, apoyada por más de mil 800 firmas, solicitándole se declarara la sierra Tarahumara libre de transgénicos y se organizara la ayuda alimentaria de maíz con base en la compra a productores locales que garanticen el grano de maíz criollo, con precios justos y el apoyo a mercados locales. Exigieron etiquetar el maíz que ingresa a la Tarahumara para consumo humano y entregar el maíz molido para consumo animal. Ninguna demanda fue atendida.

En 2006 Contec se pronunció ante Senesica en contra de las solicitudes de permiso para siembra piloto de maíz transgénico en las zonas de riego de Chihuahua por parte de Monsanto, Pioneer y Dow Agro aduciendo lo siguiente: la región de Tarahumara es centro de origen del maíz y la siembra de transgénico en las zonas agrícolas de riego aledañas pone en riesgo las tierras serranas al no existir métodos para prevenir la contaminación por polen o por dispersión de semillas.

Luego, en 2007 y 2008 las comunidades indígenas, Contec, El Barzón, el Frente Democrático Campesino, Unorca, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Greenpeace denunciaron públicamente y ante la Sagarpa la siembra ilegal de maíz transgénico en el ejido Benito Juárez, municipio de Namiquipa. Solicitaron a la Sagarpa las pruebas para determinar el tipo de semilla sembrada para proceder a destruir la cosecha y aplicar la ley a los responsables.

El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y un diputado local presentaron también denuncia de hechos ante la PGR. Al año siguiente, la Sagarpa reconoció la siembra ilegal de maíz transgénico en Cuauhtémoc y Namiquipa, y procedió a la incautación y destrucción de unas cuantas toneladas.

Vino luego la terrible sequía de 2011 y con ella, de nuevo, la ayuda alimentaria. Las comunidades y las asociaciones mencionadas documentaron que el maíz que distribuyó Diconsa fue comprado a la Unión de Productores Unipro, comercializadora de los agricultores menonitas de los valles de Cuauhtémoc, bajo influencia de Monsanto, Dow Agro y Bayer. Además, se tuvo conocimiento que la ayuda alimentaria de maíz que introdujeron instituciones asistenciales privadas fue donada por la empresa Singenta de Guadalajara.

La combatividad de las comunidades indígenas, las organizaciones rurales y las asociaciones civiles no ha logrado parar la ofensiva de las trasnacionales del agronegocio y sus aliados.

La Sagarpa progresivamente otorgó permisos experimentales y piloto para la siembra del transgénico a los agricultores cooperantes con las corporaciones de los municipios de Namiquipa, Cuauhtémoc, Guerrero y Buenaventura, en Chihuahua. De 2009 a 2011 la aprobación de permisos fue mínima; sin embargo, en 2013 se dispararon las solicitudes de permisos en 28 municipios del estado.

Al sobrevenir de nuevo la sequía a Chihuahua, fruto del cambio climático antropogenerado, los promotores de transgénicos atacan por dos frentes a la vez: insisten en que sus semillas son las más adecuadas para resistir a las sequías e intensifican la presión para que se aprueben siembras experimentales y se disponen a donar como ayuda alimentaria cientos de toneladas de maíz contaminado con transgénicos. Aquí es donde se muestra que o no hay política de Estado en la materia, o si la hay, es blandengue.

En el aspecto urgente de ayuda alimentaria, Monsanto, Syngenta y demás están haciendo del hambre su negocio de public relations, que mejora su imagen a la vez que introduce maíz transgénico a las zonas ayudadas. Es lo mismo que la intromisión de Pepsico o Nestlé en la cruzada contra el hambre.

En el aspecto de capacidades para la producción de maíz en condiciones adversas, la política de Estado es destruir las capacidades locales y comunitarias. No hay ningún programa sólido que apoye la producción local de maíz en la sierra; no hay nada para impulsar la multiplicación de pequeñas obras de cosecha y retención del agua.

Y en lo que se refiere a semillas, la labor casi heroica del Campo de Experimentación Sierra de Chihuahua del INIFAP en el rescate de las variedades nativas y criollas de maíz, no sólo no es apoyada por los gobiernos federal y estatal, sino que es obstaculizada y condenada a la inanición, pues se le disminuye el personal técnico y se le impide suplir a quienes se van jubilando, además que trabaja en la penuria de todo tipo de recursos.

Las comunidades indígenas, las organizaciones campesinas y las asociaciones civiles demandan una política de Estado para defender el maíz nativo y promover la mejoría cualtitativa y cuantitativa en su producción. En lugar del maíz regalado y extraño, desarrollar el poder para producir el propio, aunque al principio sea poco.