Un proyecto de ley que buscaba reglamentar la eutanasia en Colombia, aprobado en octubre del año pasado por la comisión primera del Senado, fracasó debido a la imposibilidad de cumplir con los plazos previstos, denunció su autor.

El senador oficialista Armando Benedetti culpó directamente al presidente del Senado, Roy Barreras, su copartidario en el partido de La U, por el fracaso de la iniciativa.

La propuesta tendría que ir al segundo debate (en la plenaria del Senado), pero ya está muerta por los términos (plazos), luego (de que) el senador Roy Barreras no le da garantías nunca a las minorías ni a los proyectos que las representan, dijo Benedetti a la prensa.

Una asistente del senador Benedetti explicó que el proyecto ya no tiene posibilidad de que la plenaria del Senado lo apruebe, debido a que la presente legislatura concluye el próximo 16 de junio.

Pese a que el proyecto tiene carácter estatutario, que le otorga prioridad en el trámite, por términos de tiempo legislativo ya se hundió, puntualizó.

El proyecto, que en la comisión había sido aprobado por 10 votos contra cuatro, establece que la eutanasia sólo podrá ser aplicada en caso de enfermedad grave sin cura o cerebral que haya dejado a la persona en estado de inconsciencia.

La iniciativa, denominada Terminación de la vida de una forma digna y humana y asistencia al suicidio, aún tenía que sortear tres debates más en el bicameral Congreso.

El proyecto respondía a una sentencia de la Corte Constitucional (garante de la Carta Magna), que en 1997 pidió al Congreso reglamentarla.

A raíz de esa sentencia, actualmente en Colombia los médicos no son objeto de una conducta punible penalmente si a petición expresa del paciente le practica la eutanasia, a lo que se opone firmemente la Iglesia católica con gran influencia en el país.

Cerca de 80 por ciento de la población en Colombia se autodefine católica, de acuerdo con la Conferencia Episcopal.

El proyecto establece la figura de petición de eutanasia por instrucción previa, para lo cual una persona debe firmar un documento en tal sentido ante notario, con mínimo de cinco años de antelación a que haya perdido la capacidad para expresar su voluntad, según explicó Benedetti al presentarlo al Congreso.