Madrid, 10 de mayo.

La precariedad y el desempleo que padecen las familias en España hizo que en 2012 casi 40 mil familias perdieran sus viviendas y las dejaran en manos de los bancos, al no poder pagar sus hipotecas.

Así lo reportó este viernes el Banco de España, en un momento en que los desalojos de propietarios e inquilinos sobrendeudados indignan al país.

El banco central publica esta estadística por primera vez y prevé darla a conocer cada semestre, en medio de la alarma social y la preocupación que los desahucios causan en una España sumida desde hace casi cinco años en crisis económica.

El organismo realizó una encuesta sobre un conjunto de bancos, que gestionan más de 85 por ciento de los créditos inmobiliarios en España. En total, según la consulta, se embargaron 39 mil 167 viviendas durante el año pasado, cifra similar a la publicada en abril por los registros de la propiedad españoles, que fue de 38 mil 976.

Según la estadística del Banco de España, 20 mil 972 viviendas se entregaron de manera voluntaria por su propietario al banco, mientras en 18 mil 195 casos hubo una orden judicial. En 355 casos de desahucio se recurrió a la la intervención de la justicia con el recurso de la fuerza pública, precisó el Banco de España.

Del total de los procesos judiciales, 2 mil 968 familias se encontraban en las viviendas, en el momento de ser desalojadas. Entre esas viviendas embargadas, 32 mil 490 eran consideradas como residencias habituales, frente a las segundas residencias o los pisos destinados al alquiler.

Las ejecuciones hipotecarias son procedimientos judiciales que pueden llevar (aunque no necesariamente) al embargo de una vivienda por impagos y que culminan en un desahucio, una orden judicial para privar a una persona de la posesión del inmueble y que a veces se ejecuta mediante un desalojo.

El Consejo General del Poder Judicial informó en marzo que la justicia había ejecutado 75 mil 605 desahucios en 2012, es decir, 16.7 por ciento más que en 2011, que ya había sido un año récord. Estas últimas cifras incluyen también a los inquilinos y propietarios de viviendas o locales comerciales que habían dejado de pagar su alquiler o su crédito.

Algo más de 15 mil 800 ejecuciones hipotecarias tuvieron lugar bajo la forma de dación en pago, una fórmula mediante la cual el deudor cancela la deuda que tiene con el banco entregándole la vivienda.

La dación de pago universal y con carácter retroactivo es la medida principal reclamada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Actualmente, la medida queda a la voluntad del banco.

El objetivo es aliviar el drama que atraviesan las familias que son desahuciadas y que, pese a perder su vivienda, tienen que seguir pagando al banco, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy dejó sin embargo esa medida fuera de la nueva ley hipotecaria aprobada definitivamente esta semana en el Parlamento español, gracias a su mayoría absoluta y con el rechazo de toda la oposición. El Ejecutivo argumentó que hubiera dañado las garantías hipotecarias y el acceso a préstamos.

Símbolo de la crisis en España desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hace cinco años y el aumento del desempleo –que se dispara a 27.1 por ciento y que tiene a más de 6 millones de personas sin trabajo– los desahucios han suscitado la indignación popular.

Varios colectivos se han movilizado para impedir los desalojos, que se han convertido en una de las principales causas de suicidios en el país. Desde el inicio de la crisis, en el 2008, se han suicidado 15 personas por ese motivo, por lo que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca definen a estos actos como asesinatos, no suicidios. Los desahucios de viviendas son actualmente la expresión más cruda de la crisis económica en España.