Santiago Choc Cu, abogado coadyuvante de la demanda por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, asegura que la histórica sentencia emitida ayer en Guatemala abre las ventanas para que se cumplan todos los pendientes de los acuerdos de paz (firmados en 1996), que son muchos.

Choc Cu, miembro del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, fue invitado por la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR) para asesorar a la parte querellante en aspectos de técnica jurídica en el caso penal más célebre que han visto hasta ahora los tribunales de su país. Asegura que desde el principio se sintió identificado con las víctimas, porque como víctima yo mismo no me cuesta ningún trabajo comprenderlos.

Él es kekchí y pasó su infancia y adolescencia en Campeche, en Maya Balam, uno de los campos de refugiados del Sureste en los 80. Ayer, en llamada telefónica, Choc Cu intentaba equilibrar la euforia por el éxito –la primera sentencia en contra de un ex jefe de Estado por genocidio en las cortes de su país– con el realismo del penalista. Es apenas una primera instancia. La defensa de Ríos Montt puede recurrir, estoy seguro de que lo va a hacer, y está en todo su derecho, a una segunda instancia, a la Corte de Casación y hasta al sistema interamericano. Así que todavía tenemos camino que recorrer.

El viernes, Santiago vivió un momento estelar en su carrera, sentado en la mesa de los abogados querellantes en la sala del tribunal de mayor riesgo A, en la torre de rribunales de la capital guatemalteca.

Este logro tendrá impacto determinante para que el poder judicial revise todo el sistema, mejorando las leyes y las políticas públicas que hasta ahora excluyen de la justicia a los sectores más desvalidos, entre ellos a los indígenas.

Casos como esos son justamente los que atiende su bufete, donde comparte cubículo con otro abogado indígena: Rubén Domínguez. Él comenta: Es una primera victoria y tenemos que ser cautelosos. Pero vemos que es un excelente precedente para ir descubriendo caminos y buscar la justicia en varios casos más. Entre éstos hay algunos más que cabrían también en el tipo penal de genocidio.

En este bufete se le da seguimiento a otros litigios penales derivados de violaciones graves al derecho humanitario durante el conflicto. Pero el conflicto del pasado y del presente, añade.

Santiago tenía seis o siete años cuando –justo bajo el régimen de Ríos Montt– el ejército llegó a arrasar su pueblo, Santa María Dolores. Mataron a casi todos. Lo único que recuerdo es que era de noche y llovía cuando empezamos a caminar con mi mamá. Días después me dijeron que ya estábamos en México. Rubén salió de una aldea de Huehuetenango. Durante toda la huida el ejército nos venía persiguiendo. Uno de los pendientes es buscar las fosas de los masacrados en México por los soldados guatemaltecos. Porque eso sí pasó.

En ese periodo cerca de 250 mil guatemaltecos cruzaron la frontera. El Acnur y el gobierno mexicano reconocieron y documentaron cerca de 50 mil.

Los dos terminaron la secundaria bajo el sistema escolar mexicano, cantaban los lunes los dos himnos y llegaron a sentirse guatemexicanos. Hasta que vino el retorno. Nos trasladaron en avión a la zona militar de Playa Grande, en el Ixcán. Ahí nos esperaban nuestros padres. Y de ahí, en camión de redilas al campamento de repobladores Victoria. Fue como llegar a otro mundo. Pero me dije, ahora este es mi mundo y aquí tengo que rehacer mi vida.

Los dos buscaron –y encontraron– quién los becara para hacer la preparatoria y la carrera de leyes. Y empezar a ser abogados en un país en posguerra, entre los conflictos de los retornados, los desplazados internos, los desmovilizados de las guerrillas y las Patrullas de Autodefensa Civil, las amenazas contra quienes se atrevían a reivindicar sus derechos sobre las tierras abandonadas por el conflicto.

Se suponía que el país iba a tomar otro rumbo y tal vez lo tomó, pero con el mismo Estado represor, los mismos gobernantes que permiten el despojo, ahora ejecutado por las trasnacionales y sus megaproyectos, las mismas comunidades indefensas y vulnerables.

Santiago y Rubén consideran que los defensores deben diversificar las nociones de los derechos humanos, que también atañen al territorio y los recursos.

De lo complicado y arduo que será este camino hablan las campañas negras de la ultraderecha, que arreciaron en las últimas semanas, en la medida en que avanzaba el juicio contra Ríos Montt y se exhibía la profundidad de las atrocidades cometidas contra el pueblo ixil. En estas campañas, advierte, está implícita la amenaza de represalias. Ellos siguen viendo a las víctimas como comunistas. Y si dicen que la sentencia condenatoria va a generar violencia, es porque ellos sí están dispuestos a ejercerla, como represalia, porque se sienten ofendidos. Pero aun considerando esta posibilidad, decidimos continuar, porque nadie puede estar por encima de la ley.