El Gobierno del Distrito Federal (GDF) fue condenado a pagar más de 143 millones de pesos de indemnización por la expropiación de los predios de más de 244 mil metros cuadrados en los que actualmente se asienta la colonia San Felipe Terremotes, en la delegación Iztapalapa, ante el reclamo de la familia Rivera Torres.

Luego de más de 15 años de proceso legal, el tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa resolvió un incidente de inejecución, en el que reafirma el fallo del juzgado tercero de distrito en la misma materia emitido en favor de la parte quejosa el 7 de diciembre de 2010.

El 24 de enero de 1967, en el Diario Oficial de la Federación se público el decreto por el cual se declara la expropiación de 244 mil 850.44 metros cuadrados como de utilidad pública la creación de un núcleo de población al oriente de la delegación Iztapalapa, Distrito Federal para la constitución de patrimonio de familias capacitadas para ello.

Después de casi 30 años, el 23 de octubre de 1997, la familia Rivera Torres, a través de María Luisa Rivera Torres y Fernández, reclamó la indemnización por los terrenos, la cual fue declarada procedente por el entonces Departamento del Distrito Federal, pero no se hicieron los trámites para fijar le monto de la misma.

Quejosos lograron amparo en 2004

Por ese motivo, en 2004, la parte quejosa interpuso un juicio de amparo, que le fue concedido luego de recursos de revisión y apelaciones, hasta que en 2010, finalmente el juez tercero de distrito ordenó el pago de 143 millones 240 mil 153.40 pesos a la parte quejosa.

Casi un año después, el mismo juzgador ordenó abrir a trámite el incidente de inejecución de sentencia, el cual fue admitido por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa, con el número de expediente 18/2012, en el que ordena a la Seduvi, a la Oficialía Mayor, a la Consejería Jurídica de la ciudad a la Secretaría de Finanzas y al jefe de gobierno capitalino dar cumplimiento al fallo.

Fuentes de la Consejería Jurídica señalaron que el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque se prevé que respaldará la decisión del juez y sólo definirá como se debe realizarse el pago o si habrá alguna actualización.

Por lo pronto, el pasado 23 de abril el juzgado tercero informó que la Seduvi remitió el oficio SEDUVI/DGAJ/1585/2013 en el que señala los trámites tendientes al cumplimiento de la ejecutoria.