El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, hizo un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a aprobar un código procesal penal único para todo el país, el cual innegablemente fortalecerá el estado de derecho y el pleno respeto a los derechos humanos.

Al participar ayer en un simposio sobre el tema organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el ministro retomó la propuesta de gobierno federal, organizaciones civiles y partidos políticos –a excepción de Acción Nacional– que se han pronunciado recientemente por la aprobación de un código de procedimientos único.

Luego de que la iniciativa presidencial para aprobar dicho código único fue frenada por los senadores panistas en el periodo ordinario de sesiones recién concluido –en contraste con el llamado que hicieron los participantes en el quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia al Congreso federal a convocar a sesiones extraordinarias para aprobar la iniciativa legal en la materia–, Silva Meza cuestionó la existencia de 78 legislaciones en materia penal en la nación.

Recordó que en fechas recientes, con la adopción del sistema procesal penal acusatorio y la celebración del Pacto por México, resurgió con mayor fuerza la idea de lograr una codificación penal única.

La falta de homogeneidad, sostuvo, ha incidido en una inapropiada percepción del sistema de impartición de justicia en México, al apreciarlo las personas afectadas como relativo y deficiente.

Por ese motivo, apremió a hacer realidad la reforma constitucional penal del 18 de junio de 2008, mediante una implementación ordenada, uniforme, sistemática, congruente y, sobre todo, respetuosa de los derechos humanos.

Explicó que las 78 legislaciones penales vigentes son los 33 códigos penales y 33 procesales (uno federal y uno por cada entidad federativa), además de que, a partir de la entrada en vigencia del sistema procesal penal acusatorio, se sumaron 12 nuevos códigos procesales en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, estado de México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

El logro de una codificación única no es ociosa; por el contrario, ha ido congregando con el paso del tiempo razones de gran peso que logran justificar su necesidad, sobre todo, en el caso particular de México, que, junto con Estados Unidos, constituyen las excepciones de estados federados que no cuentan con una legislación penal aplicable en todo su territorio, aseveró.