La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sabía de las denuncias hechas por la ciudadanía sobre los cobros excesivos en lugares de Garibaldi, específicamente en los bares The Palace y Ántrax, desde hace dos años.

Sin embargo, a pesar de ser la única autoridad competente para hacer revisiones , no se realizaron los procedimientos correspondientes.

El presidente del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, Luis Wertman Zaslav, explicó que cada semana, desde hace tres años, autoridades del Distrito Federal se reúnen para buscar soluciones a los problemas en la zona. Y al registrar que había reclamos ciudadanos sobre los cobros de diversos establecimientos, se invitó a la Profeco a participar en el programa Protejamos Garibaldi.

Wertman Zaslav explicó que mediante un oficio girado el 2 de septiembre de 20011 al entonces titular de la Profeco, Bernardo Altamirano Rodríguez, se invitó a sus autoridades a trabajar de manera conjunta en los problemas de la zona.

Sin embargo, sólo acudieron a las reuniones del 22 y el 29 de septiembre de ese año, donde se les informó de la situación denunciada en el bar The Palace y Ántrax, lo que quedó asentado en las minutas de trabajo.

Posteriormente ya no se presentaron, por lo que no hubo continuidad a las acciones, aseguró Wertman.

Daniel Gershenson, presidente de la asociación civil Al Consumidor, opinó que la falta de base de datos sobre establecimientos mercantiles que ayuden a alertar a los usuarios y/o consumidores sobre irregularidades, como el abuso en el cobro de cuentas de consumo, refleja que no existe ninguna regulación de esos comercios.

La petición de un padrón pormenorizado de antros, bares y restaurantes, en el que se publiquen las irregularidades en qué incurren, es una demanda ciudadana que no ha sido atendida por la autoridad. En México prácticamente no existe, no sabemos cuántos antros hay y si sus licencias están en regla, detalló.

Gershenson señaló que el caso del bar The Palace es muy grave, pues no sólo involucra a la Profeco, sino a la autoridad delegacional y a la Secretaría de Seguridad Pública (local), que evidentemente no están haciendo su trabajo.

Mencionó que a pesar de que el gobierno capitalino ha emprendido un proyecto para que la Plaza Garibaldi sea más amigable para los turistas, lo ocurrido en ella muestra que el rescate de los espacios urbanos no se traduce en políticas públicas que garanticen que las personas puedan asistir a un restaurante o bar y que no sean víctimas de abusos.