No llores ni corras, sólo agarra tus libros de la escuela, que son lo más importante, porque nosotros vamos a salir adelante, fue la instrucción que les dio Estela de Jesús a sus hijos de nueve y 11 años de edad, mientras alrededor de 2 mil 500 policías de la policía capitalina, con autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, desalojaban un predio irregular ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Picacho Ajusco en la delegación Tlalpan.

Por la tarde de ayer se habían retirado más de 250 construcciones de lámina y madera asentadas en 60 hectáreas de áreas protegidas de conservación ecológica.

Estela lleva tres años ahí y confió en la líder vecinal, identificada como Patricia Rodríguez que los llevó al predio porque ella había logrado asentarse en colonias aledañas.

Los terrenos de allá abajo los vendió la misma persona. Nosotros creímos que todo venía bien. Nos mostró planos y un amparo que había sobre este predio, aseguró la mujer mientras muestra una manta que dice Esta área es propiedad de Belvedere AC y está protegido por el amparo 656/75.

La madre de familia, quien recoge la madera de su vivienda, cuenta que ella es costurera y su esposo obrero. Entre los dos ganan alrededor de 2 mil pesos a la semana para mantener a la familia de cuatro, por lo que no tiene otras opciones para alojarse más que el área empinada llena de piedras y árboles, que ayer quedó resguardada por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Los habitantes de este asentamiento dicen que entre los que se encuentran en la parte alta del cerro –aunque son de organizaciones distintas– y los que están abajo, son alrededor de 300 familias.

Otra mujer, que resguarda sus cosas a lado de la carretera Picacho Ajusco, explica que Patricia Rodríguez, le vendió el terreno en 30 mil pesos. Le fui dando el dinero poco a poco. No es una organización, sólo que ella decía que estaba bien metida en la delegación. Pusimos dinero y trabajo para arreglar la calle. Sin no estaba bien, no se debió permitir que nos instaláramos desde un principio, lamentó.

Ella vende verdura y su esposo es albañil. Su esperanza era tener un terreno propio para dejar de pagar renta, explica.

Más arriba de la reserva ecológica, Jesús Benitez explica que a ellos, los terrenos se los vendieron los ejidatarios del Pueblo de San Andrés. Nosotros teníamos esa seguridad que ibamos a quedarnos. Tanto, que hasta nos dejaron abrir las calles que llegaron hasta acá, por eso teníamos la ilusión de poner granjita de pollos, guajolotes y patos.

De acuerdo con las autoridades, el desalojo se realizó por violaciones a la legislación ambiental, ya que los ocupantes realizaron tala inmoderada, extracción ilícita de agua y cambio de uso de suelo, lo que está asentado en la denuncia FEDAPUR/DA-1/T1/141/13-04, de la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.