La demanda de carácter civil interpuesta por Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de las empresas Sunkyong Engineering & Construction (SK) y Siemens AG para resarcirle los daños ocasionados por actos de corrupción relacionados con el contrato de modernización y ampliación de la refinería de Cadereyta, no va dirigida contra alguna persona física en concreto. A lo largo del proceso, declaraciones de testigos han mencionado a diversos funcionarios de Pemex y de las citadas empresas, aseguró el vocero oficial de la paraestatal, Ignacio Durán.

Es importante recordar que el 8 de mayo pasado Pemex presentó pruebas adicionales y se espera que en las próximas dos o tres semanas el juez determine la apertura de la siguiente etapa en el proceso.

Por su parte, Comproca afirmó que los argumentos de Pemex no están respaldados por pruebas fehacientes y muestran inconsistencias importantes en las fechas.

Un vocero del consorcio Comproca indicó que estos testimonios surgen de un ex abogado de Siemens que nunca participó en el proceso de reconfiguración de la refinería de Cadereyta, motivo del litigio legal de ambas partes por más de una década.

El vocero de Pemex, por su parte, aseguró que la petrolera mexicana no ha deslindado de las acusaciones en su contra por presunta responsabilidad a César Nava Vázquez, ex funcionario de la paraestatal. Explicó que éstas surgieron de los testimonios que se encuentran documentados en la demanda que la paraestatal interpuso en la corte del distrito sur de Nueva York.

Pemex recordó que en 2000 se entregó por parte de Conproca (empresa formada por la coreana SK y la alemana Siemens) las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

Posteriormente, se detectaron irregularidades en la obra así como sobrecostos injustificados, lo que fue corroborado por la Auditoría Superior de la Federación. Además, se pretendió cobrar a Pemex gastos personales como la compra de una mesa de billar, masajes o palos de golf.

En 2001, Conproca inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Comercio (CCI por sus siglas en inglés) en París, para exigir el pago de supuestos trabajos adicionales y cambios en las especificaciones técnicas del proyecto.

El 7 de septiembre de 2010 se suscitó un accidente en la refinería de Cadereyta, que ocasionó la muerte de dos trabajadores. El proceso se encuentra en curso ante el Ministerio Público Federal.

A finales de 2011 la Corte en París emitió un laudo arbitral que obliga a Pemex a pagar 282 millones de dólares más intereses por concepto de obras adicionales. La validez de dicho laudo fue impugnado por Pemex ante los tribunales mexicanos. No obstante, Conproca llevó el juicio a las cortes en Nueva York para demandar la ejecución de este laudo.