La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Míriam Cárdenas Cantú (PRI), reventó la sesión en que esa instancia legislativa discutiría como único punto desechar una propuesta del PAN que pretende criminalizar la protesta social, al incluir en el Código Penal Federal el tipo legal contra la paz pública.

El diputado Roberto López Suárez (PRD) denunció que desde la noche del lunes la mesa directiva de dicha comisión excluyó el tema del orden del día, a solicitud del PAN y con aval de la presidenta de la comisión y, sobre todo, con el voto del diputado de Movimiento Ciudadano (MC) José Francisco Coronato, ex procurador de Morelos y también ex titular de Derechos Humanos en esa entidad.

López Suárez defendió que si bien las movilizaciones no deben afectar a terceros, es un hecho que tampoco nadie puede negar la libertad de manifestarse y, sobre todo, el derecho a la libre expresión. En todo caso, dijo, si lo que se quiere es acabar con las manifestaciones, los gobiernos federal y estatales deben cumplir con su obligación de responder a las demandas sociales y respetar a la ciudadanía.

Anoche, Cárdenas Cantú –que forma parte del grupo político del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira– instruyó a sus colaboradores a que llamaran a los diputados integrantes de la comisión para advertirles que no se presentaran a la reunión convocada para este mediodía, porque no habrá quórum.

La maniobra de la legisladora se dio después de que junto con los secretarios de la comisión de PAN, PVEM e incluso de Movimiento Ciudadano decidió excluir el tema del orden del día; ante ello, diputados del PRD anticiparon que este martes, cuando se votará la agenda de la sesión, insistirían en incluir el punto.

El proyecto de dictamen que PRI, PAN y MC se niegan a discutir se expresa contra una iniciativa del panista Francisco Sotomayor, quien en marzo pasado propuso reformar el Código Penal Federal para sancionar con 10 años de prisión actos en contra de las personas, las cosas, servicios públicos o privados que perturben la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, utilizando sustancias tóxicas, inflamables o explosivas.

La iniciativa pretende cumplir como agravante del tipo penal que quienes lo cometan utilicen cualquier prenda para ocultar su identidad.

Sin embargo, el proyecto de dictamen considera que avalar dicha reforma sería agravar un ilícito cuya penalidad fue reducida en diciembre por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para lograr la liberación de jóvenes estudiantes y ciudadanos detenidos en las protestas del primero de diciembre, en el contexto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.