o ha sido un tratamiento ordinario, y mucho menos justiciero, el que se ha aplicado al caso de Alexia Imaz Chavero y Gerardo Saade Murillo, hija y nieto, respectivamente, de altos funcionarios del gobierno federal. A diferencia de otros casos de escándalo relacionados con miembros de la élite peñanietista (por ejemplo, el de Profeco, utilizado en realidad para dar ejemplo de presunto compromiso con la legalidad sacrificando a un político en retirada, de tercer nivel y con escaso peso político), el de la hija del director del centro de inteligencia y espionaje de la administración federal y el nieto del procurador general de la República pareciera haberse encaminado eficazmente hacia una pendiente de olvido y un sugestivamente tramposo camino de conciliación entre partes.

La denuncia que a través de Internet hizo la joven golpeada (quien colocó fotografías en las que se aprecian los hematomas que en el rostro le fueron causados), luego confirmada por su propia hermana, derivó en una serie de reacomodos que parecen provenir de arreglos cupulares y no necesariamente de la libre voluntad de la afectada. A pesar de que en un principio acudió a la procuraduría de justicia del estado de Morelos con la intención de presentar una denuncia de hechos, la hija del director del Cisen se abstuvo de hacerla (o la retiró, o se la hicieron retirar) y dejó el camino abierto para que, en un lance hasta ahora no explicado ni justificado, la oficina de prensa de Jesús Murillo Karam, procurador federal de justicia y abuelo del presunto agresor, entrara en acción para presentar al joven Saade (mencionándolo como presunto familiar del titular de la PGR) como alguien arrepentido de sus acciones y en busca de resolver los problemas que en mal momento había generado.

Como si fuese una agencia de relaciones públicas o una piadosa oficina lavatoria de imágenes en entredicho, la PGR difundió que de la declaración rendida ante la procuraduría estatal (de Morelos), Gerardo Saade manifestó sentirse arrepentido de haber cometido tan lamentable error y, no obstante que esta reprobable conducta la cometió por sentirse profundamente afectado emocionalmente, éste no encuentra justificación alguna y está dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos.

La procuraduría de justicia del estado bajo gobierno de Graco Ramírez, a su vez, dio a conocer el siguiente paso de algo parecido a un guión acordado: Gerardo Saade Murillo compareció ante esta institución con el propósito de solicitar la apertura de un expediente, al que se le asignó el número CJA/ SC/0532/2013-05, ante la Dirección General de Justicia Alternativa, para llevar a cabo una sesión conjunta de carácter conciliatorio por hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental con la C. Alexia Imaz Chavero. ¿Una sesión conjunta de caracter conciliatorio entre alguien que según los primeros testimonios se metió sin derecho a un domicilio particular y golpeó a una mujer? ¿El expediente no busca indagar las presunciones de allanamiento de morada, amenazas, lesiones y otros delitos, sino hechos que pudieron suscitarse en una relación sentimental?

La aberrante pretensión de salvar de castigo judicial al nieto del procurador general de la República fue señalada de forma contundente por Adriana Mújica Murias, directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, al recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2007, http://bit.ly/11e4hg2) ordena en su artículo 8, fracción cuarta,  evitar procedimientos de mediación y conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima, indicación confirmada en el artículo 22, fracción sexta, de la normativa correspondiente al estado de Morelos, donde se instruye evitar procedimientos de conciliación, mediación o en modalidades terapéuticas de pareja, tal y como lo señala la ley general (http://bit.ly/14Wsfkk).

Los escándalos de juniorismo ofensivo se han multiplicado en la nueva etapa del PRI en el poder, de manera escandalosa y generalmente impune (salvo el caso de la Profeco, con un Humberto Benítez que no forma parte del círculo central del peñismo), de tal manera que la versión de negociaciones políticas en las alturas encaja sin problema en una opinión pública que ha visto retorcimientos de leyes y procedimientos para favorecer determinadas instrucciones políticas (desde el caso Paulette hasta los gases acumulados en Pemex). Murillo Karam, por lo demás, está rodeado de una bien ganada fama de truculencia política, y el estado de Hidalgo, de donde provienen las historias políticas de Miguel Ángel Osorio Chong, Imaz y Murillo (miembros del parque temático México en Paz, uno de los cinco en que EPN dividió su gabinete) tiene historias sin sustento judicial respecto a presuntos crímenes sin castigo cometidos por gobernantes contra esposas (especulaciones también persistentes en otras entidades, alguna de ellas hoy rectora política nacional).

Y, mientras la moneda de Tabasco es rolada en diversos casilleros partidistas y políticos con la misma idea del Pacto por México: negociar, en esta ocasión ofreciendo la cabeza de Granier a cambio de acercamientos con factores reticentes (por lo pronto, la guillotina se ha detenido en el ex secretario de administración y finanzas, y aun cuando se emitan citatorios estatales al alquimista del erario el trayecto judicial podría ser muy largo y lleno de chicanas) ¡feliz fin de semana, con la afición futbolera en pleno!

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