Aunque el actual gobierno ha asumido un nuevo discurso público sobre la violencia que vive el país, la transición en materia de derechos humanos ha sido más lenta de lo esperado y siguen sin ocurrir cambios significativos, por lo que un gesto real de que existe una voluntad política para cambiar la situación sería poner ya una fecha para retirar al Ejército de tareas de seguridad pública, señaló Daniel Zapico, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) México.

‘‘La política de seguridad no ha sido útil ni para los derechos humanos ni para la seguridad. Por eso México debe poner fecha a la salida del Ejército de las calles. Tenemos que saber cuándo y cómo se va a proceder a esa salida, porque el Ejército es una institución preparada contra una agresión militar, no para realizar tareas de seguridad ciudadana’’, enfatizó Zapico durante la presentación del informe 2013 de AI.

A propósito de lo anterior, el especialista indicó que el reciente operativo militar ordenado en Michoacán por el gobierno de Enrique Peña Nieto guarda algunas similitudes con la ‘‘guerra’’ de Calderón contra el crimen organizado, por lo cual es difícil esperar resultados diferentes con una estrategia muy parecida a la que ya se ha aplicado.

‘‘Es difícil esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Se ha enviado al Ejército (a Michoacán), pero no sabemos si hay otros elementos para que el resultado sea distinto. Puede ser que la presencia de las fuerzas armadas reduzca la criminalidad por el momento, pero sabemos que no es sostenible. Si hay diferencias, tendríamos que ver la información al respecto, pero no la tenemos’’, subrayó.

Un ejemplo de la falta de acciones suficientes del actual gobierno para mejorar la situación de derechos humanos, aseveró, es que a pesar de las promesas del jefe del Ejecutivo por investigar todos los casos de desapariciones forzadas, las familias de las víctimas siguen en la indefensión y sin acceso a la verdad y la justicia.

De igual forma, la administración de Peña Nieto no ha eliminado totalmente el arraigo –como lo recomiendan diversos organismos nacionales e internacionales–, sino únicamente ha tratado de reducir su plazo de 80 a 35 días, ampliando además el tiempo en que un detenido puede estar a disposición del Ministerio Público, de cuatro a siete días.

En la misma línea, Peña Nieto se comprometió a no permitir la tortura, pero no ha tomado ninguna acción para erradicar dicha práctica, no ha acotado el fuero militar, ni ha tomado acciones reales para acabar con la impunidad en las agresiones que padecen sectores vulnerables, como periodistas, mujeres, indígenas, niños y defensores de derechos humanos, entre otros.

‘‘El balance es francamente negativo y las medidas anunciadas por Enrique Peña Nieto no están a la altura de la gravedad de la situación que vive el país. México no necesita más palabras bonitas, sino un cambio radical en la política de seguridad pública. Las promesas del gobierno federal nos dejan de momento con más preguntas que respuestas”, enfatizó Zapico.

Ana Luna Serrano, integrante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), hizo un recuento de los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas que han ocurrido en años recientes en el estado de Nuevo León, así como de la creciente violencia en las cárceles del estado.

Por su parte, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, en Saltillo, apuntó que la situación de los trabajadores internacionales sin documentos ha ido empeorando de manera paulatina desde 2008, con la complicidad de diversos servidores públicos.