Alrededor de 40 organizaciones civiles se reunieron con la Comisión de Trata de Personas del Senado, y propusieron modificaciones a la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en la materia, ya que algunos tienen que cambiarse para que se armonicen las leyes en los estados, refirieron.

Entre las organizaciones asistentes se encuentran Alto al Secuestro, Infancia Común, Brigada Callejera y Fundación contra la Trata de Personas. La presidenta de la comisión, la panista Adriana Dávila, manifestó que existe plazo de un año para armonizar la ley con las entidades federativas.

Existe preocupación en las organizaciones civiles de que los gobiernos y congresos estatales no la adecuen como se ha planteado. El propósito es mejorar el marco normativo, establecer el tipo penal correcto y eliminar los artículos que estén duplicados, así como definir las facultades de los gobiernos federal y locales.

Isabel Miranda de Wallace, de la organización Ato al Secuestro, indicó que es necesario erradicar la corrupción y la simulación de las autoridades, así como crear programas a gran escala para la difusión y prevención de este delito en las escuelas. Destacó que uno de los casos de simulación ocurre en Tlaxcala, donde se oculta el problema y es necesario que se investigue qué está ocurriendo, porque es indignarte ver cómo públicamente venden a las niñas.

La activista Rosi Orozco destacó que la ley general debe perfeccionarse. Todo lo que detenga el proceso de la ley no es normal. Urgió a las autoridades para que se publique lo antes posible el reglamento correspondiente, y exigió a los gobernadores la homologación de la ley, ya que, dijo, quienes sufren este delito están esperando que se les haga justicia.

A su vez, Mayra Rojas, directora de la organización Infancia Común, afirmó que no existen protocolos de atención, prevención o estadísticas actuales de víctimas de trata ni claridad en asignación y manejo de recursos.