on motivo de mi inclusión en un consejo, que nada tiene que ver con pacto alguno ni con oportunismos políticos, me han invitado a varias reuniones relacionadas con el proyecto, largamente pospuesto, de dar a la ciudad de México un status jurídico nuevo, que defina con precisión cual es su carácter y que reconozca a sus habitantes plenitud de derechos y autonomía a sus órganos de gobierno.
Con ese motivo, el jueves pasado, a invitación del activo diputado Rodrigo Chávez Contreras, acudí a un foro denominado Reforma política de la ciudad de México, en el salón Legisladores de la Cámara de Diputados, a la que por cierto, ya no es tan fácil entrar sin autorización o pase de algún legislador; por algo será.
Varios de los participantes en el foro: Ricardo Monreal, Eduardo Cervantes, Édgar Cortés y el suscrito, insistimos en la necesidad de que la ciudad de México, amén de seguir siendo como ya lo es, una de las partes integrantes de la Federación, acceda a una definición constitucional precisa, se especifique la autonomía plena de sus órganos de gobierno y, especialmente, se concluya el largo proceso, de décadas, por el cual los habitantes de esta capital hemos ido recobrando nuestros derechos políticos, que nos mantenían en una cápitis diminutio ciudadana.
Édgar Cortés, con su amplia experiencia en el tema, puso énfasis en lograr la vigencia plena de las reformas en derechos humanos incorporadas recientemente a la Constitución y por las cuales nuestros sistemas de garantías se extiende a los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Eduardo Cervantes se refirió a los datos característicos de la población de esta capital, de izquierda y progresista, que ha demostrado tener a veces contra viento y marea, bien definida su primacía en la información y en la participación política. Por cierto, en los comentarios a nadie le pareció la presencia que se consideró insultante, de la Martha Sahagún en un acto público de la ciudad.
Pero más allá de las consideraciones formales relacionadas con la Constitución y las leyes, que son sin duda importantes, quien subió un escalón más alto en el debate y nos llevó con su intervención al ámbito que debe ser el central y el de mayor interés para los ciudadanos, fue Enrique Ortiz Flores, quien hizo una disertación a favor de lo que él denominó el buen vivir para todos
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Su ponencia se refirió a que la ciudad debe ser democrática, incluyente, saludable, pero no sólo para mí, para alguien en específico, sino para todos los demás, es lo que denominó derecho a los bienes públicos, que no sólo son materiales sino que constituyen el ambiente propicio para el disfrute pleno de la ciudad y para ello, propuso una carta por el derecho a la ciudad
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Fue severo con la forma en que ha crecido nuestra urbe, alrededor de tres factores que combinados han sido negativos: dinero, especulación y mal gusto. Señaló como el poco sentido social de algunas autoridades y de los que hacen grandes negocios con la necesidad popular de vivienda, han convertido a la habitación humana en una mercancía más y lamentablemente casi siempre, de baja calidad.
El derecho a la ciudad, en su opinión, es un derecho colectivo, más allá de los intereses individuales y tiene como objetivos el que los habitantes la disfruten a plenitud, vivan bien en ella y en una palabra, el ser habitante de una urbe bien organizada, armónica, segura, saludable permita a todos o a la mayoría al menos, alcanzar la felicidad.
Los temas jurídico-políticos: uno de fondo, la plenitud de los derechos de los citadinos; y otro formal, el estatuto jurídico de la ciudad, deben quedar supeditados al sentido profundo de la ley, que en concepto de Ortiz Flores (espero no interpretarlo mal) debe ser buscar la justicia, la seguridad, la plenitud de los derechos, el orden, la salud, pero todo esto encaminado a la felicidad, al bienestar, al buen vivir.
