El diputado local Alejandro Ojeda y la diputada federal Aleida Alavez dieron a conocer que el pasado lunes entregaron al titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, los casos de más de 30 personas que enfrentan denuncias penales por negarse a pagar los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica.

Los legisladores indicaron que el procurador manifestó su sorpresa al conocer esos hechos, pues a todas luces el cobro era excesivo y fuera del consumo promedio de cualquier consumidor.

En el foro Experiencias Ambientales, Ojeda consideró necesario impulsar la tarifa social de acuerdo con el grado de marginación de los sectores de la población y reconociendo este servicio como derecho humano.

El investigador del Instituto de Energías Renovables, Manuel Martínez Fernández, comentó que una posible reforma energética en el marco del Pacto por México sólo está encaminada a seguir produciendo petróleo crudo y permitir la inversión extrajera directa.

Opinó que permitir la participación privada no significa un riesgo, siempre que se logren establecer convenios públicos y privados desde una perspectiva muy clara de soberanía nacional.

Israel Jáuregui, de la Comisión Nacional para el Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, expresó que en esta materia se tiene que seguir trabajando en normas de eficiencia en el uso de energías para empatarlas con nuestros socios del norte, es decir, Estados Unidos y Canadá.