En sigilo, el Congreso de Tamaulipas reformó los artículos 157 bis y 157 ter del Código Penal del estado para tipificar como delitos graves la colocación de narcomantas y retenes ilegales y el uso no autorizado de vehículos blindados, entre otras conductas que se han vuelto frecuentes debido a la presencia del crimen organizado.

El 21 de mayo el gobernador Egidio Torre Cantú envió la iniciativa a la Legislatura del estado, y el martes los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que son mayoría, solicitaron una dispensa para evitar dar lectura al dictamen en tribuna.

Diputados del tricolor y Acción Nacional (PAN) se enfrascaran en una discusión porque los segundos proponían que ninguna de las iniciativas y dictámenes se presentara por escrito.

El dictamen fue aprobado en lo general por todos los presentes, pero en lo particular votaron en contra las panistas Beatriz Collado y Teresa Corral, mientras Rolando González y Leonel Cantú, también del blanquiazul, se abstuvieron.

Las modificaciones tipifican como delitos graves contra la paz del estado conductas similares previstas en el Código Penal Federal, entre ellas instalar y elaborar en vías públicas, banquetas, calles, carreteras, caminos o brechas estatales o municipales, mantas, cartulinas, grafitis, pintas o cualquier otro material que contengan palabras, mensajes, textos o símbolos que produzcan alarma o temor entre la población o en un grupo o sector de ella.

También se considera delito grave la utilización de artefactos o instrumentos para dañar vehículos en circulación y fabricar o utilizar vehículos blindados sin autorización. Otras conductas tipificadas son la simulación de retenes oficiales y los daños en propiedad ajena que provoquen los presuntos delincuentes al ser perseguidos por las policías municipales, estatales y federal, y por las fuerzas armadas. Quienes incurran en cualquiera de estos ilícitos no tendrán derecho a fianza.

Los legisladores incrementaron además las penas para varios delitos. Por ataques a las vías de comunicación, la penalidad aumentó de tres hasta siete años (antes era desde uno hasta tres).

Asimismo el delito de chantaje se perseguirá de oficio.

Sin embargo, trascendió que las reformas podrían no publicarse hasta el final de la última sesión de la legislatura, en agosto.

El Congreso también modificó el artículo 614 del Código Civil para que las personas secuestradas sean declaradas muertas en el término de un año.