iversas movilizaciones sociales se dieron cita ayer en varias ciudades de Europa, principalmente en España, Portugal y Alemania, para protestar por los programas de choque que están siendo aplicados por los gobiernos del viejo continente. Mientras que los dos países que comparten la península ibérica han sido desde hace meses –junto con Grecia– escenarios principales del descontento social causado por las directrices económicas que la Unión Europea ha impuesto a cuatro de sus socios, en la jornada de ayer llamó la atención la movilización desarrollada en Frankfurt, la capital financiera alemana, no sólo por el número y la diversidad de los participantes que convocó –unos 15 mil, provenientes de una decena de naciones–, sino porque es la sede de uno de los principales integrantes de la troika –el Banco Central Europeo–, lo que hizo que la protesta referida adquiriera relevancia simbólica particular.

En todos los casos, las razones de la indignación social son las mismas: los severos recortes aplicados por las autoridades a los programas de educación y salud, los incrementos impositivos, las ofensivas contra los derechos y las prestaciones laborales y el empecinamiento oficial en trasladar el costo de la crisis a los ciudadanos y de proteger a las corporaciones –especialmente, las financieras– de las consecuencias de su propia avidez.

Para los países del sur de Europa, como España, Portugal y Grecia, la prolongada crisis económica ha terminado por hacer evidentes las desventajas de pertenecer a la Unión Europea, una adhesión que hasta hace unos años era vista como sinónimo de desarrollo político, económico y social, y que hoy muestra sus caras más amargas: el desvanecimiento de las soberanías nacionales en materia de manejo de la economía, la exhibición de gobiernos dispuestos a acatar las directrices impuestas desde Bruselas y desde Berlín y a sacrificar, en nombre de la estabilidad y el crecimiento, a la gran mayoría de la población, y el avance de procesos de deterioro institucional y moral y de devaluación humana hasta hace poco insospechados. Un ejemplo claro de esto último es la solicitud, formulada la víspera por el gobernador del Banco de España, Luis Linde de Castro, de eliminar el salario mínimo, avalar las contrataciones al margen de los contratos colectivos y aumentar la edad de jubilación, todo ello con el supuesto fin de facilitar la contratación y la generación de empleos.

Las estrategias anticrisis europeas, en suma, constituyen un ejemplo de miopía monumental, por cuanto promueven el avance de espirales recesivas en los países con dificultades económicas; frenan, en consecuencia, el crecimiento del conjunto de los integrantes del conglomerado de naciones y alimentan el riesgo de poner al mundo en la perspectiva de una nueva depresión global de consecuencias sociales y políticas impredecibles. En ese sentido, resulta alentador que las ciudadanías de los países europeos compartan, como lo demostraron ayer, preocupación y lucidez respecto de las raíces del problema y de los principales responsables de su agudización. Pero es desolador que las autoridades nacionales y continentales no puedan hacer otro tanto y que expongan un desfase y un rezago preocupantes respecto de sus poblaciones.