Ricardo del Valle, dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), dijo que la participación de este gremio en una mesa bilateral con Aeroméxico (para analizar el modelo laboral), no significa la entrada en vigor del denominado contrato B (condiciones diferenciadas para el personal de nuevo ingreso), como propone la aerolínea.

Reconoció que Aeroméxico insistió, hasta el último momento del proceso de revisión contractual, concluido la madrugada del sábado, que era imprescindible fijar nuevas condiciones de trabajo para los futuros sobrecargos.

Sin embargo –precisó–, el convenio firmado sólo hace referencia al inicio de un proceso de revisión de los planteamientos de directivos y del propio sindicato acerca de este tema; las conclusiones de la comisión bilateral deberán estar listas en un plazo de tres meses.

El resultado de esta comisión será sometido a un procedimiento especial de votación en ASSA, mecanismo imprescindible para definir si entra un contrato B y bajo qué circunstancias, o también podría concluir que la propuesta analizada no es viable.

Fue una revisión muy compleja en la que la empresa tajantemente había advertido que no daría aumento al salario y prestaciones, porque consideraba necesario que se aceptara el contrato B, pero quisiera destacar que el hecho de entrar a una comisión, para revisar esa propuesta, no significa que se apruebe de manera inmediata la entrada en vigor de ese convenio, señaló.

Del Valle consideró que la revisión contractual –concluida este sábado, con la aceptación del convenio y que evitó la huelga en Aeroméxico– fue histórica porque se logró atajar el declive de las condiciones laborales de mil 380 sobrecargos, y romper la intención de la aerolínea de que sólo se revisara contrato y salario cada cuatro años.

Pero sobre todo, dijo, constituyó un gran avance eliminar la amenaza del conflicto colectivo de naturaleza económica; es decir, un juicio promovido por la aerolínea para alegar, ante la autoridad del trabajo, que enfrentaba condicziones económicas críticas que le impedirían mantener el costo laboral vigente.

Este último punto fue retirado debido a un hecho sin precedentes: la Secretaría del Trabajo se comprometió a no admitir el juicio y así quedó plasmado en la cláusula séptima del convenio de revisión contractual entre ASSA y Aerovías de México, cuyo nombre comercial es Aeroméxico.

En relación con el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que ha presentado la empresa ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ésta está obligada a suspender indefinidamente cualquier audiencia, notificación o escrito alguno, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social asume el compromiso que a la mayor brevedad hará las gestiones para que ese asunto pueda darse por terminado, se indica en el convenio.

En opinión de la dirigencia sindical de los sobrecargos, el punto anterior adquiere relevancia porque así podrán participar, ya sin la amenaza de supuesta quiebra de la empresa, en la comisión bilateral la cual tendrá por objeto revisar el modelo laboral integral con el fin de acordar los cambios necesarios para lograr niveles adecuados de productividad y competitividad. Precisamente, el primer tema a resolver por dicha comisión será el relativo a las condiciones laborales de nuevos sobrecargos, se indica en el documento oficial de la revisión contractual.

Del Valle dijo que en esta comisión participarán sus compañeros y que el análisis respectivo pudiera, quizá, derivar en cambios, aunque reiteró que la asamblea de ASSA rechaza la entrada en vigor de un contrato B, porque sólo abarataría la mano de obra.

Subrayó que ASSA es una organización abierta a escuchar planteamientos y, en su caso, participar en la construcción de cambios siempre que estos – dijo– concilien un desarrollo más productivo de la empresa con la calidad de vida de los sobrecargos.

La nómina de sobrecargos (cifras al 31 de enero pasado) representa para Aeroméxico un gasto mensual de 23.1 millones de pesos y, anualmente, 277.7 millones, según cifras oficiales de la empresa, analizadas en la reciente revisión. En contraparte, ASSA argumentó que la aerolínea obtuvo el año pasado dividendos (ganancias) por 550 millones de pesos.

Del total de sobrecargos (mil 362 en activo al corte de enero), 364 son ejecutivos (con sueldos mensuales de entre 21 mil 976 y 22 mil 864 pesos); 724 son el grueso de esta tripulación, con percepciones de entre 15 mil 995 hasta 17 mil 233 pesos mensuales; en tanto, los sobrecargos iniciales (nuevo ingreso) son 247 y sus percepciones son mucho menores, en el nivel de 10 mil pesos mensuales. Es por ello que ASSA busca impulsar hacia arriba los sueldos y no castigarlos con un contrato barato.

ASSA reiteró su posición de que el costo de la nómina de sobrecargos no es una carga. De igual forma, opina que con la revisión contractual del sábado hicieron historia porque la última revisión exitosa fue en 2001.

Durante nueve años –dijo Del Valle– los empresarios lograron golpear a trabajador, de ahí que ahora no se permitirá que Aeroméxico tenga trabajadores de primera, segunda y tercera.

Sin embargo, no todo fue fácil. Admitió que el proceso interno fue complicado porque la empresa diseñó una estrategia sustentada en las amenazas hacia el personal en activo, al buscar convencerlos de que si aceptaban abaratar las condiciones de los nuevos, ellos quedarían a salvo.