Actualmente, el Estado mexicano presenta carencias para controlar a las organizaciones del crimen organizado, por lo que se necesita de un pacto político en el que participen todos los niveles de gobierno y actores de la política para definir una estrategia nacional de seguridad, señaló Luis Astorga, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas de narcotráfico.

‘‘Se debe controlar a las organizaciones criminales de una u otra manera con lo que se tiene, pero lo que se tiene (hoy) francamente no es mucho’’, sostuvo al participar en la mesa Seguridad regional: oportunidades y desafíos, que se realizó ayer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios.

Sin ese pacto, difícilmente prosperará una política de seguridad debido al poder de las organizaciones criminales en el país, asentó el investigador.

Los retos en la materia para la administración de Enrique Peña Nieto son los mismos que enfrentaron los gobiernos anteriores: predominio de la autoridad del Estado y la gobernabilidad, policías eficaces, un sistema de justicia fuerte, garantizar el estado de derecho, respeto a los derechos humanos (en particular en la participación en esas labores de las fuerzas armadas), generación de empleo y mejor distribución del ingreso.

Afirmó que durante el sistema del partido de Estado eran las organizaciones criminales las que debían adaptarse a las reglas del juego o de lo contrario tenían tres opciones: salir del negocio, ir a la cárcel o morir.

En la etapa de la transición, agregó, el vínculo entre los grupos del crimen organizado y el campo político se transformó y hoy es justamente la clase política la que tiene tres alternativas: no hacer nada (que propicia la subordinación de la autoridad), entablar acuerdos con las bandas delictivas para beneficio mutuo (no sólo el poder político, también los grupos económicos) o concretar un pacto político para diseñar una política de seguridad.

A su vez, Patricia Escamilla, especialista del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, apuntó que en años recientes la relación entre las fuerzas armadas de México y Estados Unidos es mayor.

Hoy existe entre los ejércitos de ambas naciones un nivel de cooperación sin precedente, un fortalecimiento de los lazos militares y mayor confianza mutua, generadas a partir de la Iniciativa Mérida y de la estrategia contra el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón, dijo.

Afirmó que aún queda mucho por hacer para alcanzar una ‘‘relación más sustantiva y una cooperación total’’, siempre y cuando no se trastoquen los objetivos propios de cada nación.

Celina Realuyo, también experta del centro estadunidense, resaltó por su parte la necesidad de generar estrategias contra el lavado de dinero para contrarrestar al crimen organizado, y destacó algunas políticas en su país al respecto.

Sus argumentos fueron cuestionados por Astorga, quien recordó a la académica varios casos de lavado de dinero, como en el que se señaló al banco HSBC, cuando se dijo que en tres años tuvo transacciones de ese tipo por 7 mil millones de dólares.

Finalmente, Alejandro Chanona, profesor de la FCPS, indicó que aún no se define la estrategia de seguridad del gobierno. Lo que se ha presentado, dijo, es una disminución en la difusión masiva de imágenes en medios sobre las acciones del crimen organizado.