s cuando menos irónico (por usar un término suave) que los dirigentes de los partidos que han ayudado a consolidarse a Enrique Peña Nieto en el poder, mediante el Pacto por México, que les ha significado beneficios grupales y personales, ahora pretendan oponerse aunque sea declarativamente a que el PRI-gobierno siga haciendo las mismas tretas tan sabidas para adjudicarse elecciones estatales como hace un año lo hizo con la presidencial.

El panismo gusmaderista (esta neología busca diferenciar al maderismo histórico, el de Francisco I., de lo que hoy hace Gustavo) y el perredismo chucho (con los jesu­ses al frente: Zambrano hoy, y Ortega explorando la posibilidad de remendar normas que le permitan buscar un nuevo periodo para sí) tienen hoy como fuente de poder lo mismo que dicen impugnar: Los Pinos que, al estilo del primer presidencialismo salinista, reparte en la mesa lo que los reportes electorales finales habrán de dictaminar, hayan dicho lo que hayan dicho las urnas y los votantes.

Ya está hecho y funcionando el tendido de las redes priístas para la captación tramposa de los votos a emitirse, y para la adulteración de los procesos y sus resultados. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles en busca de ascenso rumbo a 2018, ha instalado su cruzada electoral con una estructura de funcionarios locales que en pleno entendimiento con otras delegaciones federales están al servicio de los planes priístas.

Aun así, conforme avanzan las campañas electorales en 14 entidades, los dirigentes pactados aceran el discurso y agrian el gesto. Gustavo Madero necesita que el PAN siga en el poder en Baja California, con un Kiko Vega que pasaría por encima del beltronista Fernando Castro Trenti, para demostrar a los de blanco y azul que la apasionada entrega al peñismo ha tenido una graciosa paga, y que no es necesario escuchar los destemplados llamados calderonistas en busca de cambios directivos. Los chuchos tendrán también su cuota de ganancias en determinadas zonas en las que ya pusieron el dedo solicitante y éste recibió el visto bueno de la superioridad.

Los arreglos de cúpula no cuentan, sin embargo, con una base social de apoyo, pues el propio priísmo está solamente a la espera de lo que los jefes corporativos arreglen y del tradicional escurrimiento de pequeños réditos hacia esa clientela movilizable con disciplina pero sin pasión, mientras que el PAN sigue en la crisis profunda de la pérdida del poder luego de dos sexenios fracasados, y el PRD carece de poder de convocatoria, anclado en el mero alquiler de firmas, siglas y estructuras menores.

Y, sin embargo, las expectativas rápidamente incumplidas por el PRI, la voracidad facciosa que está a la vista y las reformas para beneficiar a élites han propiciado protestas y movilizaciones a las que de manera enigmática el gobierno federal ha dejado crecer (un sospechosista extremo consideraría que hasta las ha alentado) y manifestarse de manera violenta, incluso delictiva, sin que aflore el espíritu de Atenco que como confesa medalla de honor lleva el peñanietismo y que en otras circunstancias habría propiciado la aparición de la muy cantada mano dura contra movimientos y movilizaciones sociales adversas.

La calculada tolerancia de los halcones tendrá oportunidad de cesar, y dar paso al puño de hierro, si son aprobadas las iniciativas de reformas legales presentadas el último día del mes recién pasado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por Peña Nieto, y en especial la referente al redimensionamiento de los actos de terrorismo y sus sanciones.

No solamente se actualizan las normas relacionadas con ese delito, en consonancia con la normativa estadunidense rectora, agravando penas y agregando causales, sino que se abre la puerta para que movimientos, protestas y liderazgos puedan caer fácilmente en la tipificación de terrorismo, con lo que se facilitarían los encarcelamientos selectivos deseados por el poder, se crearía un ambiente de miedo social que inhibiera la disidencia y se podría llegar a la declaratoria de un estado de excepción conforme los gobernantes lo desearan y necesitaran.

La propuesta peñista debe cumplir un proceso legislativo de análisis, discusión y votación, aunque los nuevos tiempos pactistas pueden acelerar esos trámites y volcar el tema en un pleno camaral en el que los votos convenidos aprueben los cambios. Desde ahora es necesario advertir los riesgos que entraña la normativa deseada por Peña Nieto, en el sentido de que los movimientos sociales de protesta podrán expresarse y presionar, pero sin atentar contra bienes jurídicos de otras personas.

Bajo ese criterio, bastará con que infiltrados en movimientos legítimos de protesta causen daños a vehículos, oficinas o inmuebles en general, o que obstruyan una calle o vía de comunicación, para que el cargo de terrorismo sea fincado. También se advierte que tal consideración delictiva caerá en quienes causen daños a la economía nacional. Y podrán ser involucrados en esos procesos contra el terrorismo quienes sean ubicados en hipótesis conspiracionistas, pues la misma sanción se impondrá al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido... (para la confección de estos apuntes astillados, el arribafirmante leyó lo que en Twitter colocó ayer mismo el abogado @gabrielregino, quien no tiene ninguna culpa de lo aquí escrito).

La tragedia de los migrantes rumbo a Estados Unidos ha tenido una nueva fase de exposición al conocerse del caso de 165 personas, entre ellas algunos mexicanos, que estaban presas en una casa del municipio de Díaz Ordaz, en Tamaulipas, y fueron liberadas por militares. Esto es lo que se da a conocer oficialmente, pero de manera cotidiana, en un trayecto pleno de violencia inhumana; muchos de esos viajeros por necesidad sufren esas y otras penas extremas, mientras Estados Unidos exige apretar en el sur mexicano para que no lleguen más centroamericanos al presunto paraíso de las barras y las estrellas. ¡Feliz fin de semana!

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