n las últimas semanas hemos presenciado un espectáculo bochornoso. La proliferación de ladies y lords –como han sido atinadamente bautizadas- que han hecho gala de una tendencia marcada de nuestras elites políticas y económicas a toda forma de influyentismo. Sea que en efecto tengan poder político o económico o ambos, o que se muevan en círculos donde se expresan esos poderes a través de símbolos –no olvidemos el caso de las Ladies de Polanco cuyo poder estaba basado más en el desplante y las actitudes racistas que en el poder real-, lo impactante es que ahora se puede observar en tiempo real gracias a las redes y a los medios de comunicación, lo antes sabíamos e intuíamos.
Más allá de la reprobación moral –y a veces la sanción política y jurídica- estos eventos nos dicen que mientras las elites políticas y económicas no se sometan ellas mismas a las leyes que frecuentemente impulsan, apoyan o aprueban, no habrá estado de derecho. No deja de ser un lamentable espectáculo la exigencia expresada a veces hasta de manera histérica, que las movilizaciones sociales respeten rigurosamente las leyes y los derechos de los demás, mientras que se apilan casos y más casos de impunidad, burla a las leyes y groseras maneras de torcer el endeble estado de derecho originados en las propias elites. Un puñado de ex gobernadores son prueba de ello.
Los movimientos sociales deben en efecto ser cuidadosos en sus expresiones públicas para no afectar derechos de terceros –tanto porque deben cumplirse las leyes, como porque esas formas cuidadosas con los derechos de los demás reportan siempre mayores simpatías para las causas por las que se luchan. No concuerdo en que haya razones morales que puedan esgrimir los movimientos sociales para violar las leyes, ni concuerdo tampoco que esas exigencias de mantenerse en el marco legal implican en todos los casos formas de criminalización de la protesta social
. Pero es indudable que mientras la impunidad campee en las altas esferas de la política y la economía, lo que se trasmite hacia el resto de la sociedad es lo que prevalece casi como deporte nacional: cómo darle vueltas a las leyes.
El punto de partida clave es el comportamiento de las elites es su relación con el pago de impuestos. Y nuevamente aquí nos encontramos con una situación devastadora. México es un de los países que con el 11% del PIB recauda menos que la mayor parte de los países latinoamericanos, solo comparable con los países más pequeños y con mayor fragilidad institucional. Mientras no sea evidente que los que ganan más pagan más
– y la reciente compra de la Modelo es ejemplo más bien en sentido contrario- esperar que por arte de quién sabe qué incentivos se reduzca la informalidad, son sueños guajiros.
Someter a un riguroso marco de rendición de cuentas y transparencia, de cumplimiento de las leyes y de castigo a la impunidad a las propias elites es la piedra angular para avanzar en muchas direcciones una de las cuales y no es la menor es encaminarnos hacia una sociedad en donde su Estado ejerza el suficiente poder efectivo – que desde luego implica la dimensión moral consustancial a toda autoridad legítima.
Para esto se necesita reconstruir Estado y sociedad, o más aun, un Estado que exprese y conduzca a esa sociedad. Y una sociedad que genere y por ello mismo acepte la cesión parcial de autonomía que conlleva el pacto que crea al Estado. Es decir, un Estado de la sociedad.
En una entrevista a Martin Scorsese en El País hace algunos años sobre su película Departed le preguntan que le gustó más del guión y dice: Me gustó el juego psicológico de los personajes enfrentados a un ciclo en el que se suceden hasta el infinito confianza y traición, confianza y traición. Este mecanismo perverso de la confianza continuamente defraudada crea un mundo de absoluta ambigüedad moral, una especie de zona cero de la ética
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