Madrid, 9 de junio.

Ante la crisis que enfrenta España en el sector de los pensionados, que podría verse colapsado con un desequilibrio de 14 mil millones de euros entre ingresos y gastos y no poder hacer frente a las nuevas generaciones de jubilados, el gobierno decidió llevar a cabo una segunda reforma que ha provocado opiniones encontradas, pues propone que éstas no estén indexadas al índice de precios y cotizaciones (IPC), sino a los recursos con que el Estado cuente para ese rubro.

El número de pensionados en España es de 9 millones. La Unión Europea (UE) estima que en 2050 llegará a 15 millones, por lo que, junto con la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la denominada troika, ha presionado al gobierno español para que lleve a cabo cambios en la materia.

Un informe de expertos sobre la reforma, que no tiene carácter vinculante, fue presentado con una semana de retraso. Bruselas ha instado al gobierno español a actuar cuanto antes en su sistema de pensiones, que tras años de superávit entró en déficit en 2011.

Tras la aprobación del documento el tema pasa ahora a la Comisión del Pacto de Toledo y al diálogo entre gobierno, patronal y sindicatos, con la idea, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de que la modificación sea aprobada en el tercer trimestre de este año.

La mayoría absoluta del Partido Popular permitirá que cualquier proyecto de ley sobre pensiones pueda salir adelante, pero el Ejecutivo ha dicho que buscará el consenso, ante el evidente riesgo de desgaste político y conflictividad social que conllevaría una aprobación en solitario.

El informe introduce básicamente dos variables a la hora de afrontar la reforma: el factor de revalorización anual, que sería de aplicación a todos los pensionistas, y el de equidad intergeneracional, que entrará en vigor sólo para los nuevos jubilados.

Por otra parte, en París se informó que la ministra de Asuntos Sociales, Marisol Trouraine, declaró que toda Francia tendrá que participar en una reforma al sistema de pensiones, elevando las expectativas respecto de que un panel de asesoría que presentará su reporte la semana próxima recomendará cambios significativos al programa de jubilación.