La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) vigilará con lupa los recursos del programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre que se destinarían al Distrito Federal, afirmó Alejandro Ojeda, vicepresidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del órgano legislativo.

La ALDF se mantendrá atenta a la firma del convenio que signarán las delegaciones Álvaro Obregón, Tlalpan, Iztapalapa y Gustavo A. Madero con la Secretaría de Desarrollo Social federal para que se cumpla estrictamente con el blindaje de dichos recursos, para que no se desvíen a fines electorales.

Ojeda instó al gobierno federal a frenar los recortes que aplica desde años anteriores, producto de una ley de participaciones federales a todas luces injusta y desigual.

Sólo en 2012, las participaciones de los ingresos federales a la ciudad de México resultaron 2.2 por ciento inferiores a lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significó mil 120 millones de pesos que no recibieron las arcas del gobierno de la ciudad.

Lo más grave, señaló, es que esa tendencia a la baja seguirá agudizándose con el paso del tiempo, producto de la mecánica de distribución vigente a partir de 2008 que utiliza a la población como variable preponderante.

Como ya se ha dado a conocer, el Distrito Federal registró una disminución de 6.9 por ciento, con respecto al mismo lapso del año pasado, de ingresos federales durante el primer trimestre del 2013.

Mencionó que el propio PAN reconoció que la capital del país tuvo una disminución por concepto de ingresos federales de 17 mil 695.9 millones de pesos, que significa una caída de 6.9 por ciento en términos reales con relación al primer trimestre de 2012.

Lo anterior, de acuerdo con los números del informe de avance programático presupuestal trimestral de la Secretaría de Finanzas capitalina, puntualizó.

Convocó tanto al PAN como al PRI, partidos que tienen la mayoría en la Cámara de Diputados, a comprometerse verdaderamente con la ciudad de México y realizar los cambios legislativos en el ámbito federal que permitan una distribución más equitativa y justa de las partidas presupuestales de la Federación.