La transformación del Instituto Federal Electoral (IFE) en una instancia nacional que organice todos los comicios del país favorecería enfrentar uno de los mayores rezagos democráticos: las elecciones estatales. Vigentes desde 1997, los institutos electorales locales no han podido, en su gran mayoría, sacudirse la intervención de los gobiernos ni han alcanzado estándares democráticos que ya se han logrado a escala federal, sostuvo el consejero electoral Alfredo Figueroa.

‘‘Ha habido mucho tiempo para que esto ocurra, pero aún no se han logrado las condiciones que permitan no sólo la alternancia y la pluralidad en función de los electores, sino contar con los mecanismos que hagan que esas instituciones tengan un desarrollo autónomo. Esto no ha terminado de suceder, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente en la democratización del país’’, que podría subsanarse con un cambio estructural, advirtió.

A su juicio, es viable y necesaria una reforma profunda, no sólo en lo electoral, sino también en el sistema político, que permita ampliar espacios democráticos y corregir resabios importantes. En entrevista, el consejero electoral manifestó: ‘‘La pluralidad política no trajo necesariamente más democracia en las entidades; llegó un partido distinto al que gobernaba, para actuar en los mismos términos que lo hacía el anterior; por ejemplo, en su relación con los medios de comunicación (la pretensión de control) o bien sin la rendición de cuentas requerida, tal como lo hacía el partido anterior’’.

Para Figueroa, subsisten prácticas del viejo régimen en los estados que es imperioso corregir mediante una reforma profunda en el sistema político y en los órganos electorales. ‘‘Existen los plazos y la oportunidad para avanzar en estas profundas reformas que demanda el país’’, pues la fecha máxima para aprobar los cambios legales y constitucionales es junio de 2014. ‘‘Hay un acuerdo político sustancial entre los partidos y el Poder Ejecutivo, que involucra al Legislativo, lo que hace que las condiciones estén dadas’’.

De entrada, en el plano electoral debiera darse un nuevo modelo de fiscalización que garantice que no sea el dinero el que determine los ganadores de una contienda; modificar los tipos penales de orden electoral, reformando sustancialmente los alcances de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade). En ambos casos, se acotaría una práctica ilegal muy recurriente: la compra y coacción del voto, dijo.

‘‘Esta es una decisión de Estado. Debemos buscar mecanismos para que no vuelva a suceder que sea el dinero el que determine ganadores y perdedores’’. Pero el tema no se agota en lo electoral, porque la compra y coacción del voto pasa por una condición de pobreza de la población, por el entramado de redes clientelares que involucran a partidos y gobiernos, ‘‘las cuales existen antes, durante y después de las elecciones’’.

El consejero Figueroa asocia parte de este cambio a una revisión a fondo de los delitos electorales y del papel de la Fepade, partiendo de entrada de la desaparición de estas instancias a nivel estatal y que se las redimensione en el plano federal.

La reforma pasa además por cambios sustanciales en los organismos electorales, pues ‘‘con todo y las polémicas que se han vivido y se vivirán, no hay ninguna instancia estatal, aseguró, que organice los comicios como lo hace el IFE’’. Se deben homologar los procesos, las legislaciones, preservando en algunos casos disposiciones asociadas, por ejemplo, a las elecciones por usos y costumbres en los pueblos indígenas.

Los cambios –agregó– deberán impactar también sustancialmente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá que ser revisado en su estructura, al tiempo que hay que ponderar cambios en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y ampliarse las causales de nulidad de los comicios. En fin, ‘‘deben redefinirse las normas jurisdiccionales y el diseño de la insttuticón para adecuarla a una reforma integral’’, lo que implicaría la desaparición de los tribunales estatales electorales, consideró el consejero.

En esta lógica, el consejero consideró que la reforma política y electoral podría ser el espacio para superar el dilema entre la creedencial de elector y la cédula de identidad, en función de una decisión que priorice el interés del Estado mexicano, pero sin olvidar que el IFE ha invertido miles de millones de pesos a lo largo de los años para contar con la base de datos más confiable que tiene el país.