Los desvíos de recursos que se han denunciado en los últimos tiempos son producto de la baja calidad y escaso rigor de la fiscalización en los gobiernos estatales, que abren espacios a la corrupción y discrecionalidad y que han costado a los ciudadanos al menos 4 mil millones de pesos en los casos de Tabasco, Morelos y Chiapas, aseguró la directora de Proyectos de Competencia del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Jana Palacios.

Durante la presentación del estudio: Auditorías superiores locales en México, evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia, la especialista señaló que hay situaciones alarmantes en entidades como Veracruz y Aguascalientes, donde no se han armonizado las reglas para auditar. Dijo que más de una decena de entidades no son rigurosas en la fiscalización, hay rotación de auditores superiores y no en todos los estados hay servicio fiscalizador de carrera.

Destacó la existencia de pobreza legislativa en materia de fiscalización y señaló que eso deriva en auditorías deficientes y fugas por corrupción.

Las auditorías locales se realizan con recursos escasos, hay entidades donde la tendencia es reducir el presupuesto para la fiscalización y los portales de transparencia no operan con el rigor que debieran.

El resultado, dijo, es que los casos de presunto desvío de recursos que ahora se conocen en Tabasco, Chiapas y Morelos han sido denunciados por las administraciones que les sucedieron, con daños al erario y a los ciudadanos por al menos 4 mil 286 millones de pesos.

Mal uso de recursos y falta de transparencia, lo habitual

Jana Palacios señaló que en México se ha vuelto constante que los gobiernos hagan mal uso de los recursos públicos, no rendir cuentas ni ser transparentes, y ante la denuncia por lo regular hay un escándalo temporal que al final no se traduce en mejores prácticas de fiscalización.

El estudio realizado entre el Imco y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara midió tres aspectos de la fiscalización de las auditorías superiores en todo el país, que consisten en los ordenamientos jurídicos; las experiencias y perspectivas del personal que trabaja en las entidades de fiscalización, y la medición de la capacidad de los portales electrónicos para difundir la información.

Al cierre de 2012 la calificación sobre el ordenamiento jurídico en el que se basan las auditorías superiores locales fue de 78.3 puntos de cien posibles, lo que se interpreta como mediocridad en la calidad legislativa porque, explicó el documento, los legisladores locales muestran resistencia para expedir leyes que den autonomía plena a los órganos fiscalizadores.

Aunado a lo anterior se encontró que los órganos fiscalizadores no están obligados a ser del todo transparentes y a rendir cuentas sobre su gestión y sus actividades.

De acuerdo con la medición hecha por el Imco y la Universidad de Guadalajara, los estados que mostraron los peores resultados en materia de fiscalización no son en los que se han hecho denuncias por desvío de recursos. Los que tienen los niveles más deficientes son Baja California Sur, Tamaulipas, Campeche y Yucatán; mientras las entidades que tienen mejores condiciones en los tres niveles evaluados son Coahuila, Colima, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas.