Integrantes de la comunidad Venustiano Carranza de Chiapas, conformada por más de 5 mil indígenas, se manifestaron ayer frente a la representación del gobierno de esa entidad en el Distrito Federal para exigir la desmilitarización de la comunidad, la liberación de nueve presos políticos, la cancelación de 165 órdenes de aprehensión y la presentación de dos menores de edad que desaparecieron hace cinco días.

Israel Sampedro, de la Red de la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), advirtió que los conflictos en la comunidad se originaron por la venta ilegal de ganado y terrenos comunales –donde hay minas de oro y de uranio, según han revelado especialistas extranjeros–, al diputado local priísta, Jesús Alejo Orantes.

La venta fue realizada por los ejidatarios Bartolo Pérez, Paola García Consuegra y José Martínez Calvo, quienes tras ser expulsados por la asamblea comunal, conformaron un grupo paramilitar, dirigido por el diputado Alejo Orantes, afirmó Sampedro.