San Cristóbal de las Casas, Chis. 20 de junio.

La desaparición de Minerva hace 17 años se ha vuelto emblemática de toda una guerra paramilitar, negada oficialmente, contra las comunidades choles en los años 90 del siglo pasado. Una cadena de crímenes hasta la fecha impunes. Según la información disponible, la joven fue golpeada y violada sexualmente por sus captores durante tres días, y hasta hoy se desconoce su paradero.

Luego de muchos años de promover el caso contra el Estado mexicano por parte de los indígenas, finalmente fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) recordó que el 20 de junio de 1996, en el poblado chol de Miguel Alemán, municipio de Tila, fue desaparecida Minerva Guadalupe Pérez Torres, de 19 años. Ese día, integrantes del entonces grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia la interceptaron mientras se dirigía a visitar a sus padres en la comunidad Masojá Shucjá, en la zona baja de Tila. Esto, en el contexto de la rebelión zapatista y la intensa militarización de las comunidades, que generó divisiones comunitarias y prácticas contrainsurgentes de gran violencia.

La desaparición de Minerva está enmarcada en una estrategia de guerra de contrainsurgencia planeada por el gobierno de México en la zona norte, de manera particular en Tila, Sabanilla, Tumbalá y Salto de Agua, e implementada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, el cual ha sido demostrado a través de los años que fue impulsado y entrenado por el gobierno de México, como lo indica el informe de la CIDH después de su visita a Chiapas en 1998.

Ante la falta de justicia en México, los familiares de Minerva y de otras víctimas de la región presentaron en 2004 ante la CIDH una petición contra el Estado mexicano. Con ella, apunta el Frayba, se entregó información sobre la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres, así como la ejecución de siete mujeres y 78 hombres, como una muestra significativa de la guerra de baja intensidad que se implementó en la zona norte entre 1995 y 2000, que a la fecha sigue teniendo efectos sicosociales en las comunidades indígenas de esa región.

De los 122 casos documentados por el Frayba, ocho conforman la petición ante la CIDH. Tras años de buscar justicia, expresa el centro, el 20 de marzo de 2013 la CIDH emitió el informe de admisibilidad, indicando que el Estado mexicano es presunto responsable de violaciones a derechos humanos (caso 12,901).