ntre los ejes de cooperación bilateral que signaron Enrique Peña Nieto y Barack Obama el 3 de mayo en México destaca concluir el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés) y proteger los derechos de propiedad intelectual.

La Organización de Industrias Biotecnológicas (BIO) y la industria farmacéutica de Estados Unidos afilada a Investigadores y Fabricantes Farmacéuticos de América (PhRMA, por sus siglas en inglés) aspiran a favorecerse con periodos de protección más amplios para sus fármacos de patente si logran que México consolide su integración al TPP.

En PhRMA aprecian que en México aún no se dispone de compromisos cuando el medicamento dilata en llegar al mercado, por demoras en el registro sanitario o en el levantamiento de las pruebas clínicas en pacientes. PhRMA busca un plazo de compensación para la vigencia de las patentes, aunque ve con buenos ojos que la Secretaría de Salud (Ssa) pretenda acelerar la aprobación de los fármacos a 60 días. Ello facilitaría ubicar sus medicamentos. PhRMA estima que el ordenamiento de los fármacos en el cuadro básico también puede traducirse en un freno para el mercadeo de sus medicamentos de patente. Y considera, también, que México podría tener problemas con el retiro de –las llamadas– copias ilegales de patentados, así como para consolidar sentencias frente a francas violaciones de los derechos patentarios.

Así que sin establecer un estándar y dotada de un esquema elástico, la nueva protección dependerá del retraso en los procesos legales y sanitarios que pudieran impactar sobre el arribo del fármaco al mercado. PhRMA calcula dos años para incluir al cuadro básico y hasta uno en el registro sanitario. Tal es que la protección podría extenderse, según el caso, tres, cinco o más años.

¿Quiere esto decir que si el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) –responsable de otorgar la protección patentaria– y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) –encargada del permiso de comercialización– hacen bien su trabajo no habría posibilidad de extender las patentes? Porque, ciertamente, sería del todo aventurado conjeturar que ambas autoridades fungieran en calidad de cómplices de su extensión.

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos calcula que la compensación que pretende PhRMA extendería las patentes hasta 25 años. Por lo que se refiere a la protección de datos clínicos, los laboratorios de Estados Unidos contemplan extensiones hasta de 12 años, cuando actualmente en México es de sólo cinco años (10 en Europa, ocho en Japón y Canadá).

Al adoptar los términos impuestos por el TPP, México se acoge a esta normatividad emergente, a su protección intelectual y a la previsible extensión patentaría. ¿Qué mercados buscan amparar?

En primer término, el farmacéutico. Para la consultora IMS Health el mercado mexicano suma un costo anual de 14 mil millones de dólares y los países de donde se importa la mayor cantidad de productos son Canadá y Estados Unidos. Desde que México eliminó en 2008 el requisito a las firmas de tener planta en el país para expender sus artículos en el mercado nacional, las compras de medicamentos al exterior se triplicaron: 54 millones de productos en 2008 frente a 152 millones en 2011. Este incremento deriva también de que se han apresurado los permisos para compras externas de fármacos, insumos y dispositivos médicos.

Según el comisionado de Fomento Sanitario de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, Francisco Acosta Minquini, México gasta en promedio 28.3 por ciento en medicamentos, porcentaje superior al gasto promedio de 17 por ciento de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: los precios aún son altos.

En la opinión de Olivia Patiño, titular de asuntos regulatorios de la Asociación Mexicana de Genéricos Intercambiables (Amegi), una eventual extensión de las patentes impactaría la disponibilidad de medicamentos para los pacientes y afectaría a la industria fabricante de los medicamentos genéricos. Y es que, en los próximos cinco años, 83 fármacos perderán la protección, 40 por ciento de ellos de alto impacto económico. Al extenderse la patente, los productores de genéricos no podrían introducirlos al mercado.

Además de la propiedad intelectual, a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) le preocupa también el capítulo de las empresas de Estado. En él se contempla cumplir ciertas disciplinas para que las unidades paraestatales se comporten como firma privada y comercial, en igualdad de condiciones cuando se provee un servicio.

Está, además, la intención de patentar por primera vez procedimientos clínicos. De acuerdo con Hedwing Lindner –socia de Arochi, Marroquín&Lindner– el TPP se negocia en lo oscurito en materia del capítulo de protección intelectual. Los excesos alarman puesto que pareciera que se pretenden patentar métodos de tratamiento quirúrgico y diagnóstico, lo que implica que no se podrá operar a pacientes con metodologías que salven vidas y que ya hayan sido patentadas.

Para el gobierno de Peña Nieto –a través del secretario Ildefonso Guajardo–, la participación de México en el TPP es relevante en la medida que permite incidir en el diseño de un régimen de liberación de los flujos de comercio e inversión para la región Asia-Pacífico, diversificando nuestras oportunidades de exportación.

Ya desde los tiempos de Julio Frenk en la Ssa-Fox se insistió en respetar rigurosamente el sistema de patentes, aceptado por México con la adopción del TLC. Pero, ¿quién vela por la suerte de los pacientes y los intereses nacionales en materia de protección intelectual?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco