La construcción del puente Baluarte –que conecta Durango con Mazatlán– y el sistema de carreteras, libramientos y túneles que lo rodean, fue posible gracias a la apropiación ilegal de unas mil 900 hectáreas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), cuya indemnización aún no ha sido pagada a los ejidatarios que poseían las tierras, denunciaron pobladores de la zona.

En conferencia de prensa, representantes de 29 ejidos de Sinaloa, Nayarit y Durango denunciaron que funcionarios de la SCT llegaron hace meses a la región para imponer un acuerdo de ocupación previa mediante amenazas, cooptación, secuestros y engaños para que les firmaran hojas en blanco.

Frente a dichas acciones, los pobladores de la zona interpusieron tres recursos de amparo, que les fueron otorgados, pero a pesar de ello el gobierno ordenó la continuación de las obras; actualmente tienen un avance de 90 por ciento.

Las irregularidades sobre la ocupación de los predios ejidales y la edificación del puente –considerado uno de los trabajos de ingeniería más grandes en América Latina– llegan a tal punto que las cerca de 3 mil familias afectadas por la obra no saben con certeza la cantidad de terreno que se les quitó ni cuál sería el monto del avalúo por ella, lamentaron los campesinos.

Ernesto Pérez Virgen, asesor jurídico de los quejosos, señaló que sus clientes no quieren poner precio a sus tierras, pero recordó que 80 por ciento de las parcelas ocupadas producían mango de exportación, sorgo, maíz y frijol, por lo que solicitó a las autoridades que paguen una indemnización justa.

El abogado afirmó que el gobierno actuó sólo para beneficiar a las empresas constructoras del puente –entre ellas la española Aldesa, actualmente sometida a investigación por donaciones irregulares al Partido Popular ibérico–, y lamentó que las comunidades no hayan protestado antes debido a la campaña de terror de la que fueron víctimas quienes se opusieron al proyecto.

Por su parte, Felipe Coria, habitante del ejido Pueblo Nuevo, Durango, aseveró que los daños provocados por la obra se reflejarán no tanto en estos años, sino en las próximas seis décadas, cuando ya no puedan renovarse los recursos naturales de la comunidad, incluida una zona de bosque donde vivía la guacamaya verde (especie en peligro de extinción), por la que recibían un millón 200 mil pesos en el esquema de pago por servicios ambientales.