Los burócratas del país llegaron este 23 de junio a la conmemoración anual del Día de la Administración Pública con una reducción de 2.27 por ciento en la plantilla laboral respecto a la que existía cuando comenzó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, revelan estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En total, 131 mil 621 personas dejaron de trabajar o perdieron su empleo en instituciones públicas, administradas tanto por los gobiernos federal, estatales y municipales como por los poderes Judicial y Legislativo, órganos autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), e incluso en universidades públicas, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) que el Inegi levanta periódicamente.

Del total de la población ocupada del país, el Inegi ubicó a 5 millones 773 mil 431 trabajadores en el sector público a finales del año pasado cuando arrancó el gobierno de Peña Nieto, pero al concluir marzo el número quedó reducido a 5 millones 641 mil 810 burócratas, es decir 131 mil 621 menos.

Un 87.46 por ciento del total (115 mil 118) laboraban en los gobiernos y aunque la ENOE no detalla cuántos fueron cesados a nivel federal, estatal o municipal, revela que siete de cada diez laboraban en las áreas más urbanizadas. Los restantes 16 mil 503 mexicanos que dejaron de trabajar como servidores públicos pertenecían a las otras instituciones públicas mencionadas.

En contraste con dicha reducción, los burócratas subocupados, es decir, aquellos que laboran menos horas de las que necesitan, aumentaron 1.8 por ciento en el periodo, al pasar 53 mil 722 personas 54 mil 716.

A la fecha, los burócratas representan casi 11 por ciento de los 48 millones de mexicanos que tienen ocupación o empleo, 17 por ciento entre los 32 millones de asalariados y 19 por ciento entre los 29 millones de personas que laboran en el sector servicios, de acuerdo con las cifras oficiales.

Por resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tomada desde 2002, cada 23 de junio se celebrara el Día de la Administración Pública. En información difundida por este motivo, el Inegi sostuvo que los gobiernos estatales presentan los mayores rezagos en instituciones y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, mejora gubernamental, control presupuestal y planeación y evaluación de políticas públicas.

El Inegi indicó que 47.8 por ciento de la población de más de 18 años percibió como frecuente la ocurrencia de prácticas corruptas en los gobiernos estatales, pese a que el cien por ciento de éstos cuenta desde 2011 con mecanismos de control interno, planeación y evaluación, así como al menos un funcionario para atender solicitudes de información.

En cambio, a nivel municipal casi la quinta parte de las administraciones, 19.6 por ciento del total, carecen de organismos o mecanismos de control interno; menos de la mitad (47.7 por ciento) realizan auditorías; apenas 31.4 por ciento cuentan con esquemas de sanción para servidores públicos; sólo 17.8 por ciento los investiga, y 34.8 por ciento lleva un registro y seguimiento de la situación patrimonial de sus funcionarios.

En cuanto a la planeación y evaluación que, según el Inegi, deben ser considerados por los gobiernos como elementos indispensables para la implementación y monitoreo de las políticas públicas, 2.5 por ciento de las casi 2 mil 500 administraciones municipales declararon no contar con ninguna herramienta al respecto, es decir, ni siquiera con un plan general de desarrollo. Sólo 37.9 por ciento cuentan con un programa de desarrollo urbano y apenas 28.5 por ciento tiene uno de desarrollo económico.

Si bien 94.6 por ciento de los municipios tiene un plan de desarrollo, sólo 77.4 por ciento de los casos incluye metas y objetivos, otro 57.7 por ciento considera indicadores de gestión o desempeño y 61 por ciento elabora planes estratégicos derivados del plan.

Sólo 46.6 por ciento de los municipios tienen programas de transparencia y anticorrupción; 25.6 capacitan a sus empleados sobre los derechos y obligaciones en torno al acceso a la información pública; 42.9 tiene una normatividad para regular el acceso a la información pública; 55.9 cuentan con un servidor público para atender las solicitudes al respecto; 40.6 han instalado un sistema de recepción de solicitudes y 23.9 por ciento cuentan con procedimientos para proteger archivos.