De cada 100 mujeres víctimas de trata en el país, 70 son indígenas, reveló Guadalupe Martínez, del Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica.

La activista náhuatl destacó que es necesario evidenciar a las redes del narcotráfico y de trata de personas en las comunidades originarias, donde frecuentemente existe una profunda discriminación y pobreza del género, además de que en su contra se ejerce la violencia física, sexual y política, lo que las coloca en extrema vulnerabilidad.

En el país, enfatizó, hay 68 pueblos indígenas con diferente cultura y concepción de la vida; es necesario pensar ya en un enfoque de derechos humanos y protección de género en esas comunidades.

En éstas, subrayó, se ha incrementado la violencia militarizada, donde los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo (indígenas me’phaa de Guerrero, capturadas, torturadas y violadas por un grupo de militares) son emblemáticos, pero no únicos.

La violencia y violaciones sexuales de mujeres y niñas indígenas se padece en Guerrero, Chiapas y Sinaloa, entre otras entidades, detalló.

Aunado a ello, se han incrementado los casos de VIH-sida entre este sector, luego de que su pareja regresa de Estados Unidos. Hay casos graves en Puebla y Guerrero, indicó.

Sobre las víctimas de trata en los pueblos originarios, dijo que hay cifras oficiales alarmantes, pero no están desagregadas ni reflejan el estado real en que se encuentra ese sector constituido por ocho millones de mujeres y niñas.

Tampoco pinta el tema de la violencia hacia las mujeres indígenas ni la violencia institucionalizada en los planes nacionales de desarrollo del país ni en documentos internacionales, aunque en las conclusiones convenidas en el periodo 57 de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW, por sus siglas en inglés), de marzo pasado, se adicionó un párrafo.

Martínez indicó que es necesario incluir en los informes de los organismos internacionales datos específicos sobre la violencia contra las indígenas. Es muy importante que en los siguientes informes que se realicen se nos incluya como mujeres indígenas.

Por su parte, Ana Güezmes, de ONU-Mujeres, indicó que cinco de cada 10 mujeres mayores de 15 años en el país han sufrido algún tipo de violencia por su pareja, y tres de cada 10 viven agresiones en su comunidad.

El 26 por ciento indica que los golpes y el maltrato son tema familiar y en ese ámbito debe quedarse. Lo anterior explica que menos de dos mujeres de cada 10 se acerquen a pedir ayuda a alguna autoridad, lo cual es preocupante, porque la impunidad termina en los espacios de justicia, pero empieza en los propios patrones y relaciones culturales.

En el ámbito laboral hay violencia y discriminación. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a 15 por ciento de las mujeres de 15 años y más se les exigió la prueba de no embarazo para obtener un empleo o fueron despedidas por encontrarse en estado de gravidez.

Ana Güezmes manifestó que la violencia contra el género no es un problema de las mujeres, es violencia contra la sociedad y contra la convivencia democrática: impacta en las comunidades, socava el desarrollo del país e impide el progreso hacia la justicia y la paz.