La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 21/2013 al comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, y al gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, por el caso de una mujer de 30 años que fue torturada y retenida ilegalmente por elementos de la Policía Federal, perteneciente a la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

De acuerdo con la víctima, 12 agentes federales la detuvieron y la subieron atada de pies y manos a una patrulla. Fui golpeada, torturada, incomunicada y violada, sostuvo. Añadió que fue detenida en la capital de San Luis Potosí cuando conducía un automóvil que, al parecer, tenía reporte de robo.

La investigación de la CNDH sostiene que la agraviada fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 19 horas después de su detención.

El organismo encontró elementos que permitieron acreditar transgresiones a los derechos humanos a la legalidad, a la libertad, a la seguridad jurídica, a un trato digno, a la integridad y seguridad personal, así como a la presunción de inocencia en agravio de la víctima, atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal y a personal de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí.

Según la CNDH, se comprobó que se formuló una imputación indebida de hechos y la vulneración al derecho a la presunción de inocencia de la víctima. Se violentaron también sus derechos a la dignidad, el honor y el buen nombre, aseveró.

La CNDH consideró que existen elementos de convicción suficientes para presentar una queja ante el órgano interno de la Policía Federal y ante la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, a fin de que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes, además de formularse la denuncia de hechos ante el agente del Ministerio Público local y de la Federación para que determinen la responsabilidad y se sancione a los servidores públicos que intervinieron en los hechos del presente caso.