Conforme se acerca el 7 de julio, cuando se celebrarán 14 elecciones –una para renovar la gubernatura y 13 de ayuntamientos y diputados locales–, las acusaciones mutuas entre candidatos y partidos han hecho de las campañas una etapa de guerra sucia, donde las imputaciones en redes sociales y ante medios de comunicación, salvo excepciones, no se concretan en denuncias ante las autoridades correspondientes.

El episodio más reciente lo está protagonizando la Procuraduría general de Justicia de Aguascalientes. En respuesta a una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN), que acusa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de exceder el límite de gastos de campaña, el fiscal Felipe Muñoz Vázquez revivió una indagatoria de 2011 y acusó a un candidato panista a alcalde (no dio nombres) de recibir financiamiento del cártel de La Familia Michoacana.

En una conferencia de prensa que ofreció el martes para librar al PRI de cualquier sospecha de recibir recursos ilícitos, el funcionario dejó entrever que en una casa cateada el viernes anterior había propaganda del PAN y que, según un testigo –detenido en mayo pasado–, ahí se reunía un candidato a alcalde con el jefe de la plaza.

Incluso mostró unas fotografías de la vivienda, sobre la cual había una lona con la imagen de los candidatos del blanquiazul a la alcaldía capitalina, Antonio Martín del Campo, y a diputada local por el distrito 11, Sylvia Garfias.

Ante las afirmaciones del fiscal Muñoz Vázquez, el PRI convocó para las 9 horas de este miércoles a una rueda de prensa fuera del domicilio cateado, el departamento número 7 de la privada Encarnación Guerrero, ubicada en la calle Ezequiel A. Chávez, en el barrio de la Purísima en el centro de la capital.

Gran sorpresa se llevaron el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor en el estado, Mario Vargas Aguiar y el presidente estatal del PRI, Guadalupe Ortega Valdivia, cuando los reporteros se acercaron a las ventanas del inmueble –el cual no tenía cortinas– y descubrieron propaganda de los candidatos del PRI y de Movimiento Ciudadano.

El rostro de los líderes priístas se transformó, y se retiraron. Cerca de las 11 horas ingresaron a la vivienda peritos de la Procuraduría aguascalentense. para entonces el departamento ya tenía cortinas en las ventanas. A través de un cristal que estaba flojo se observó que la propaganda ya no se encontraba.

Jorge López Martín, dirigente estatal del PAN, exigió la renuncia del fiscal Muñoz Vázquez por haber alterado la casa cateada y adelantó que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría General de la República por haberse llevado los documentos y porque la procuraduría estatal “está siendo utilizada denostar y atacar al blanquiazul y favorecer de manera impune al PRI”.

Más tarde, Muñoz Vázquez ofreció una rueda de prensa. Cuando los reporteros le preguntaron (por lo menos siete veces) quién era el candidato que recibía apoyo de la delincuencia organizada, se negó a dar el nombre y sólo señaló que es uno solo y es un candidato a la alcaldía. Negó ser el brazo armado del PRI, como lo acusó la dirigencia estatal del PAN.

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien estuvo de gira por Aguascalientes, ofreció una conferencia de prensa en compañía del candidato a la alcaldía de esa capital por la coalición que forman el PAN y el PRD, José Antonio Martín del Campo, y rechazó que tengan vínculos con La Familia Michoacana. Puntualizó que se trata de una campaña negra emprendida por el mandatario, ante la consolidación de los abanderados de dicha coalición.

Mientras, el secretario de elecciones del PAN nacional, Arturo García Portillo, demandó al procurador Felipe Muñoz que aclare qué aspirante está ligado al crimen y, si tiene pruebas, que las presente.

De gira por Tlaxcala, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, resaltó que a las autoridades del estado les salió el tiro por la culata, pues intentaron arrojar una piedra y agarraron una boñiga, en referencia al hallazgo de propaganda del PRI en una casa de presuntos narcotraficantes.

La cascada de acusaciones va desde Baja California –donde el coordinador de los diputados panistas tuvo que renunciar a ese puesto por sus presuntas relaciones con un menor de edad– hasta Yucatán, donde PAN y PRI se imputan desvíos de recursos públicos, pasando por Sinaloa.

Ahí, la candidata a la alcaldía por la alianza PRI-Partido Nueva Alianza-Partido Verde Ecologista de México, Irma Tirado Sandoval, acusó a su contrincante de la coalición PAN-PRD-Partido del Trabajo, Carlón Feltón Gonzalez, de iniciar una guerra sucia en su contra al acusar a su padre, Rafael Tirado Canizalez, quien fue alcalde en 1978, de tener nexos con el narcotráfico.

En Baja California, el PAN denunció la existencia de diversos inmuebles, en México y Estados Unidos, con valor de ocho millones de dólares, supuesta propiedad del candidato del PRI al gobierno del estado, Fernando Castro Trenti, y anunció que prepara una denuncia por enriquecimiento inexplicable en su contra.

El coordinador de la campaña de la alianza Unidos por Baja California (PAN, PRD y Panal), Óscar Vega Marín, dijo que no está clara la forma en que Castro Trenti adquirió una casa en Paseo de la Reforma (ciudad de México), dos residencias en Tijuana y una mansión en San Diego.