La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión otorgada al gobierno de Oaxaca para que el de Chiapas se abstenga de cualquier acto que amplíe o modifique los límites territoriales de los Chimalapas hasta que el máximo tribunal resuelva en definitiva el conflicto limítrofe entre ambas entidades.

Los ministros desecharon ayer un recurso presentado por el Ejecutivo chiapaneco en contra de la suspensión concedida en diciembre pasado a Oaxaca, como parte de la controversia constitucional que presentó esta última entidad contra Chiapas por la presunta apropiación ilegal de terrenos ubicados en la zona limítrofe de los Chimalapas.

En aquel entonces, la ministra Olga Sánchez Cordero ordenó detener cualquier acción que modificara la situación prevaleciente en la zona, y que los gobiernos de ambas entidades se abstuvieran de instituir autoridades en la localidad denominada Rodulfo Figueroa, ubicada en la porción en disputa.

La suspensión estipula que ninguna autoridad puede aplicar acciones de carácter hacendario no de otra función pública en la zona, aunque sí deben prestarse servicios públicos a la población que habite en la franja territorial.

El 19 de enero de 2012, autoridades de los municipios zoques San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, presentaron ante la SCJN sendas controversias constitucionales para invalidar los decretos emitidos por el gobierno y el Congreso chiapanecos, los cuales crearon municipios que invaden más de 164 mil hectáreas de territorio oaxaqueño. El gobierno de Oaxaca presentó una controversia constitucional en los mismos términos.

Inicialmente la Corte no admitió la demanda, pero en diciembre el Ejecutivo oaxaqueño presentó una nueva controversia, que sí fue admitida.

El gobierno de Oaxaca argumenta que la creación del municipio de Belisario Domínguez tiene un vicio de origen: la invasión de territorios bajo jurisdicción de los pueblos zoques y de Oaxaca por parte del gobierno de Chiapas, el cual busca desmembrar el territorio indígena, lo que además afectará la gran biodiversidad de la zona de los Chimalapas.

En la demanda incluyó documentos y otras pruebas del asentamiento irregular y de la propiedad de los predios, así como de las invasiones promovidas por el gobierno chiapaneco, para acreditar que la zona de los Chimalapas es oaxaqueña.