ientras que en su país no lo hace porque hay una realidad de apego total a la legalidad, una empresa de capital finlandés comete en México la muy reprobable acción de violar nuestras leyes laborales, tal como lo está haciendo en contubernio con ella la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que ya es sólo un  remedo de la gran central sindical que fue hace décadas, y que en Coahuila la dirige el desprestigiado –y descalificado ante los ojos de los trabajadores– Tereso Medina.

Lo curioso y grave del asunto es que los propios directivos de la empresa PKC Arneses de México SA, de Ciudad Acuña, Coahuila, señalan con hipocresía que en su país, Finlandia, no son aceptados ni los sindicatos ni las compañías que establezcan contrataciones de protección. Una compañía como PKC Arneses en su país es altamente respetuosa de los derechos laborales y humanos, de la autonomía y la libertad sindical, porque así se lo exigen el gobierno de esa nación, los sindicatos y la sociedad, pero apenas se estableció en territorio mexicano bajo los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes irresponsablemente le permitieron hacer lo que ha querido con sus trabajadores, como abusos, amenazas, despidos injustificados, violaciones a los derechos laborales y acoso sexual contra las empleadas, sin que exista quien los detenga y los obligue a cumplir con  la ley.

Mientras que en Finlandia, PKC se vanagloria de repudiar a ese tipo de sindicatos espurios, en México no sólo los acepta, sino que a su vez los protege argumentando el supuesto realismo de que así son las cosas aquí y no hay nada que hacer contra esta realidad. Tal parece que a PKC le han dado carta blanca para cometer toda clase de atropellos, los cuales no se atreve a perpetrar en su país, porque la debilidad e indiferencia, si no es que la corrupción que hay en México, tanto de las autoridades locales como las federales, le permiten toda clase de abusos.  La verdad es que esta es una de las muchas herencias negativas y antiobreras que le dejaron al gobierno de Enrique Peña Nieto los dos gobiernos conservadores del Partido Acción Nacional, sobre todo el segundo, encabezado por Felipe Calderón, quien puso a ejecutar toda una política destructiva en contra de los sindicatos democráticos al nefasto Javier Lozano Alarcón, uno de los dos peores secretarios del Trabajo y Previsión Social que haya tenido México, donde el otro fue su antecesor bajo el mando de Fox, Francisco Javier Salazar, la cual es una política que el actual presidente de ninguna manera debería aceptar por ser agresivamente injusta contra los trabajadores de todo el país.

Han habido intentos de la mayoría de los trabajadores de PKC Arneses de México desde hace más de dos años para darse una organización sindical propia e independiente, que en 2012 tuvo un primer episodio negativo por el fraude cometido contra ellos. A petición de estos empleados, el grupo independiente Worker Rights Consortium (WRC), investigó con rigor los hechos ocurridos desde 2011, tarea que realizó a solicitud del Sindicato Minero y del Comité Fronterizo de Obreras (CFO). Los mineros y el grupo internacional WRC, auspiciado por la estadunidense Federación Americana del Trabajo (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y por los United Steelworkers de Canadá y Estados Unidos, en su reporte, destacaron los siguientes hechos:

Primero. En las relaciones de la empresa PKC y sus trabajadores, que son más de 8 mil, se han cometido graves violaciones a los estándares laborales internacionales, como los Convenios 87, 98 y otros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tanto sobre la libertad sindical como sobre la negociación colectiva.

Segundo. PKC firmó un ilegal contrato de protección con la CTM en agosto de 2011, sin conocimiento y mucho menos el consentimiento de los trabajadores, como un medio para impedir que los obreros y obreras ejercieran su derecho a unirse a un sindicato de su elección, el Sindicato Minero, amenazándolos la empresa con despidos –que por lo demás ya ejecutó contra un centenar de ellos– y que la decisión libre de los obreros de afiliarse al Sindicato Minero llevaría al cierre de la empresa, lo cual es improbable, pero sí un claro chantaje.

Tercero. En complicidad con la CTM, PKC manipuló con fraudes la elección o recuento sindical de octubre de 2012 para impedir que los trabajadores se salieran del control de la empresa y de esa central sindical. Reporta WRC que mientras a los de la CTM la compañía los dejó pasearse abiertamente por sus instalaciones para hacer propaganda en contra de los mineros, a éstos últimos les impidió en absoluto todo movimiento libre en la planta, además de manipular el padrón de empleados, con lo cual perjudicaron a los trabajadores independientes. Al respecto, el grupo internacional WRC denuncia que  la CTM a menudo funciona como sindicato de protección, que no representa a los trabajadores, sino a los patrones.

Cuarto. Reinstalación inmediata de los 100 trabajadores cesados en diciembre de 2012,  conocidos como líderes del Sindicato Minero y por oponerse al contratismo de protección entre PKC y la CTM, y oposición total al hecho de que la empresa extranjera boletinó los nombres de estos trabajadores arbitrariamente despedidos a todas las compañías de la región para prohibirles su nueva contratación, así como realizar un recuento limpio en una nueva votación.

Quinto. Contra lo que afirman falsamente PKC y CTM, el Sindicato Minero sí está facultado legalmente en su objeto social para organizar y atender los problemas y situaciones de todas las empresas automotrices, maquiladoras y también las del transporte en general.

El gobierno de Peña Nieto no debe permitir bajo ningún pretexto o argumento que cualquier empresa nacional o extranjera transgreda las leyes laborales del país en detrimento de sus trabajadores.