esde finales del año pasado, las comunidades inmigrantes que residimos en Estados Unidos hemos venido observando cuidadosamente la manera en que el Senado, y luego también la Cámara de Representantes, han venido abordando el tema de la reforma a la política de inmigración. Como cualquier persona familiarizada con el sistema migratorio lo puede afirmar, el país ha estado urgido de profundos cambios en políticas públicas que permitan comenzar a reparar los muchos años de negligencia que han llevado a la ley de inmigración de Estados Unidos a estar tan lejanamente divorciada de la migración global moderna.
Como inmigrantes de México, los países de América Central y del resto de Latinoamérica hemos venido escuchando a la clase política estadunidense afirmar la importancia del creciente poder de los votantes de origen latinoamericano. Ante esta narrativa, teníamos altas expectativas de que el liderazgo legislativo dejara atrás de una vez por todas la tóxica retórica acerca de los inmigrantes y la inmigración y abriera paso a un reconocimiento franco de las múltiples maneras en que las comunidades inmigrantes, particularmente la población de extranjeros no autorizados, hemos venido contribuyendo al crecimiento económico y a las recaudaciones tributarias en todos los niveles de gobierno.
Lamentablemente, la naturaleza de la conversación nacional acerca de comunidades inmigrantes y consecuentemente de la política de inmigración sigue siendo tan venenosa como en años anteriores. El último giro del proceso de deliberación sobre una reforma migratoria en el Senado denota claramente la tan dañina dirección en la que dicho proceso ha evolucionado. En función de conseguir una reforma migratoria integral
(CIR, por sus siglas en inglés) a toda costa, los legisladores no han dudado en seguir alimentando nociones erróneas que favorecen la construcción de más muros y esencialmente de convertir la frontera sur del país en una zona de guerra, como parte de la solución
a la vergonzosa ley actual de inmigración. Además de ser un grave error de política pública, este giro apunta también hacia un patrón de mucho mayor desperdicio de recursos públicos en el orden de cuando menos 40 mil millones de dólares a lo largo de la próxima década, destinados a pagar más muros, aviones robóticos ( drones), militarización permanente de la frontera sur, más centros de detención y otras medidas draconianas similares.
Los expertos políticos de Washington, particularmente los arquitectos y principales promotores de la estrategia política y legislativa conocida como CIR, argumentan que estos cambios son necesarios como parte de un arreglo negociado que garantizara el apoyo de legisladores republicanos que permitirán que la propuesta de reforma se llegue a convertir en ley. Para quienes no estamos dentro de la burbuja imaginaria que representa la ciudad de Washington, la lógica antes mencionada es muy difícil de seguir. Como lo vemos desde fuera de la ciudad capital, la posibilidad de aprobar leyes buenas ha pasado a un segundo o tercer plano ante los caprichos de sectores políticos racistas y xenófobos, al igual que las ambiciones de grandes sectores corporativos. Todos estos intereses están confluyendo en el marco del empuje pro reforma migratoria de manera tal que sus respectivos intereses estén debidamente servidos. Si una potencial reforma que pudiera aprobarse este año efectivamente deja fuera a varios millones de inmigrantes no autorizados, al mismo tiempo que transfiere masivas cantidades de dinero a los bolsillos de poderosos actores corporativos, pudiéramos terminar en una situación peor que la actual. Estados Unidos y las comunidades inmigrantes que somos parte de esta sociedad nos merecemos algo mejor.
Soluciones de política pública verdaderamente responsables y de larga duración en el campo de política de inmigración van a requerir de respuestas multidisciplinarias cuidadosamente diseñadas. Desdichadamente, el empuje actual ignora muchos ángulos claves de la migración en el mundo de hoy, dejando problemas ya existentes en vigencia e incluso engendrando nuevos. Por ejemplo, si nuestros senadores y diputados estuvieran genuinamente preocupados por encontrar una manera humanista y razonable de atenuar los números de personas que han viajado a Estados Unidos en condiciones lejanas a lo ideal, deberían estar abordando los factores económicos, sociales, políticos y culturales causantes de las migraciones.
Aunque el resultado final del empuje a favor de una reforma a la CIR sigue siendo incierto, todas las personas comprometidas con la justicia, la igualdad y el respeto a los más básicos derechos humanos debemos tener claro que habrá enormes desafíos frente a nosotros, con o sin reforma migratoria en 2013. En particular, las comunidades inmigrantes en Estados Unidos tendremos que encontrar la sabiduría y la determinación que nos permitan enfrentar dos grandes desafíos. Por un lado, si es que hay reforma, asegurar que extraemos el más amplio beneficio de los aspectos positivos que tal reforma pudiera tener. En segundo lugar, entrelazar con lo primero una estrategia organizativa y de incidencia que nos permita corregir los vacíos no abordados por una posible reforma en la ley de inmigración. Además, vamos a tener que estar preparados para también resolver los nuevos desafíos para nuestras comunidades y para la nación que una reforma migratoria, dada su orientación general y características, seguramente engendrará. Las comunidades inmigrantes de América Latina tenemos que ponernos a la altura de estos desafíos. Debemos entender a plenitud que la mejor garantía para una democracia saludable y funcional es la existencia de una sociedad bien organizada, capaz de conseguir que sus representantes electos rindan cuentas a sus electores cada día del año. Debemos ir mucho más allá que simplemente votar el día de las elecciones, sin tener la capacidad de exigir diariamente a nuestros representantes, senadores e incluso a nuestro presidente.
* Director ejecutivo de NALACC
