La Procuraduría General de la República (PGR) y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo para establecer mecanismos de investigación en contra del tráfico de armas que son enviadas de esa nación a organizaciones criminales que operan en México, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

De acuerdo con las fuentes consultadas, éste es el primer acuerdo al que se llega luego que desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto el gobierno mexicano dijo que revisaría los acuerdos de cooperación con las agencias estadunidenses y suspendió el intercambio de información y de acompañamiento en las operaciones policiacas, como se hizo durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

De acuerdo con la información obtenida, el acuerdo con la ATF incluye el establecimiento de enlaces para que la PGR y la agencia estadunidense manejen la información que se obtenga en operativos contra el tráfico de armas en tiempo real, y el desarrollo de estructuras operativas en las que solamente participen mexicanos en zonas como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán.

El acuerdo se da a casi cuatro años de que se conociera públicamente (en 2009) el desarrollo de la llamada operación Rápido y furioso, con la cual cientos de armas fueron introducidas ilegamente a territorio nacional y entregadas a grupos criminales que operan en México, con las cuales incluso se llevó a cabo el asesinato de un agente de la ATF.

La citada operación supuestamente tenía la finalidad de rastrear las armas y detener a cabecillas de los cárteles mexicanos, pero la operación tuvo resultados fallidos. La PGR abrió una investigación durante la gestión de Eduardo Medina Mora, pero se desconocen los resultados de la indagatoria, ya que ninguna persona ha sido acusada de esas acciones.

En cuanto a la suspensión de los acuerdos de cooperación en febrero pasado, La Jornada publicó que la PGR detuvo los intercambios de información con agencias estadunidenses, ya que revisaría los términos de más de 20 convenios firmados con agencias extranjeras, principalmente estadunidenses, porque sus elementos habían participado en acciones antinarcóticos en coordinación con policías mexicanos, lo que resultaba ilegal en términos de la legislación nacional.

Entre los convenios que aún están en revisión se encuentran los de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Departamento de Aduanas y Migración (ICE).

En junio de 2012, el gobierno mexicano seguía sin obtener información de Washington respecto de Rápido y furioso, a pesar de que el Congreso estadunidense ya había recabado datos del fallido operativo. Entre los funcionarios estadunidenses que tuvieron que renunciar por haber participado en esa operación, estuvo el procurador general de Arizona, Dennis Burke.

Son más de 12 mil armerías

De acuerdo con estadísticas difundidas por la Procuraduría General de la República, en la frontera sur de Estados Unidos existen más de 12 mil armerías en las que se venden rifles de alto poder, que también pueden ser adquiridos por integrantes de grupos criminales que operan en nuestro país.

Según la fuentes consultadas, la intención del reciente acuerdo incluye mantener en operación el rastreo de armas aseguradas a presuntos delincuentes y tratar de que los arsenales vendidos en territorio estadunidense no ingresen a México.