Los grupos parlamentarios de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados afirmaron que el PAN presiona para aprobar en la Comisión de Justicia la reforma que criminaliza la protesta social, incluirla en el periodo extraordinario de julio y contar con un instrumento para reprimir las movilizaciones en general, principalmente las que se anticipan contra la reforma energética.

En conferencia de prensa, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que aun cuando ya existen los tipos penales de lesiones y daños en propiedad ajena y a terceros, el PAN quiere vincularlos a las movilizaciones sociales y agravar las sanciones para quien participe en protestas con algún embozo que impida su identificación.

En tanto, la diputada Lilia Aguilar (PT), secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que aun cuando se pretendía votar el dictamen este jueves, debido a las críticas por el alcance de la reforma el presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), decidió abrir un periodo de consulta.

Ofreció volver a analizar el proyecto de dictamen, que avala la iniciativa de Francisco Sotomayor (PAN), un personaje pro nazi, que sería precedente para aprobar la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que quiere tipificar el daño a las personas o las cosas como terrorismo, explicó.

Ortiz Ahlf refirió que aun cuando la Comisión de Derechos Humanos aprobó la semana pasada una opinión contra la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 141 bis del Código Penal Federal, la Comisión de Justicia circuló un proyecto de dictamen favorable.

Ni siquiera se toma en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de los de Derechos Humanos y se respalda la intención del PAN para reprimir las manifestaciones e inhibirlas de manera mañosa, y eso no es aceptable, expuso.

Destacó que si las lesiones y daños causados por participantes en movilizaciones ya están tipificados y son inaceptables, no hay argumento para asociarlos al derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión y manifestación pública o protesta, reconocidos en la Constitución.

Presentó un pronunciamiento de diputados de las tres bancadas en el cual se indica que la iniciativa del PAN tiene como antecedente la represión que ejercieron la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el primero de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente.

En aquellas manifestaciones se detuvo arbitrariamente y con extrema violencia a un sinnúmero de personas, como demostró la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo la acusación de ataques a la paz pública, señala el documento.

Ese día, agrega, policías federales y capitalinos detuvieron a ciudadanos que se expresaban libremente, como los estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a transeúntes que circulaban por las zonas de las protestas.