La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que las autoridades del estado de México (y del Distrito Federal) permitan la verificación ambiental obligatoria de vehículos sin necesidad de acreditar el pago de la tenencia vehicular y el refrendo correspondiente.

De acuerdo con fuentes judiciales, de presentarse más amparos en contra del programa de verificación vehicular que se aplica en el estado de México y el Distrito Federal, que impide su revisión a los ciudadanos que no acrediten el pago de los derechos vehiculares de sus automotores, el máximo tribunal estaría en condiciones de establecer jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad e invalidez de esa norma.

Después de que un juzgado de distrito estableció que el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio en el Estado de México (similar al de la capital el país) es inconstitucional y amparó a un ciudadano mexiquense para que su auto fuera verificado sin tener que acreditar el pago de derechos, el quejoso acudió ante la Suprema Corte, debido a que ninguno de los centros de verificación aceptó hacer la revisión con el argumento de que el sistema no permitía revisar los autos que tenían adeudos por concepto de tenencia.

En razón de lo anterior, Juan Olguín Sánchez presentó un recurso de inconformidad ante la Corte, el cual fue resuelto ayer por la segunda sala.

Los ministros determinaron de entrada que no hay razón para no permitir la verificación de un auto cuya tenencia no ha sido pagada, ya que una cosa es la cuestión tributaria y otra es la verificación ambiental.

Por ello, la segunda sala ordenó a un tribunal colegiado que emita un oficio para que las autoridades ambientales mexiquenses permitan verificar el vehículo del quejoso, descrito en la demanda, con placas de circulación de esa entidad, correspondiente al primer semestre de 2013, sin necesidad de que acredite el pago de tenencia vehicular y refrendo”.

Incluso, los ministros señalaron en su resolución que, en caso de que ningún verificentro acepte el oficio elaborado por el tribunal colegiado que ordene la revisión del vehículo, las autoridades mexiquenses están obligadas a enviar a un funcionario al centro de verificación para garantizar que el auto pase la revisión, sin la necesidad de demostrar el pago de la tenencia y los derechos.