e acuerdo con un informe divulgado ayer por el Banco de México, por undécimo mes consecutivo las remesas de dinero desde el extranjero experimentaron una caída de más de 13 por ciento respecto de mayo del año pasado, para situarse en 2 mil 34 millones de dólares. En los primeros cinco meses del año ingresaron al país por ese concepto 8 mil 758 millones, cifra 10.26 por ciento menor a la del mismo periodo de 2012.
En tanto el monto de las remesas sigue retrocediendo por diversos factores, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto anunció que espera captar 35 o 40 mil millones de dólares de inversiones extranjeras directas en el curso de este año. Si la proyección llegara a su margen superior, la inversión extranjera prácticamente duplicaría el dinero que envían los mexicanos que trabajan en otros países, principalmente en Estados Unidos.
Tales datos debieran llevar a una reflexión sobre la situación de las tres fuentes principales de divisas legales para el país, que incluyen, además de las mencionadas, las exportaciones petroleras.
Aparte de los hidrocarburos, las remesas han sido, desde hace lustros, la entrada de dinero foráneo más consistente para México. En contraste, la inversión extranjera suele ser voluble y abandona el país ante el menor barrunto de crisis o inestabilidad. Por lo que hace a las exportaciones de crudo, es claro que si se llegaran a modificar la Constitución y las leyes para permitir la participación de empresas privadas foráneas en las actividades de prospección y extracción, el país se quedaría sin buena parte de la renta petrolera, toda vez que una porción de ésta se convertiría en utilidades para los consorcios energéticos beneficiados con contratos.
Ante estas circunstancias, resulta necesario que las autoridades pongan más empeño en respaldar en forma activa las reivindicaciones de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos que en agradar a inversionistas cuyos capitales son y serán nómadas. Ello implica adoptar una actitud enérgica ante los planes estadunidenses de completar un muro fronterizo que multiplicará los sufrimientos de los trabajadores migrantes, perseguir con saña mayor que la actual a los indocumentados que no logren regularizarse en el contexto de la reforma migratoria que está en vías de aprobación en el Capitolio y ampliar, de esa forma, el margen para nuevos atropellos y abusos contra los connacionales que residen al norte del río Bravo.
Es pertinente anotar, asimismo, que un exceso de inversión extranjera no es necesariamente deseable, por cuanto multiplica las amenazas a la soberanía nacional. Ello resulta particularmente cierto en el caso de las industrias minera y petrolera, toda vez que la modalidad de concesión de zonas territoriales a los consorcios energéticos foráneos establece, en los hechos, áreas de excepción para la vigencia del estado de derecho, como ocurrió hasta 1938 en extensas regiones del Golfo de México.
Incluso en un escenario de preservación de la propiedad nacional sobre los recursos del subsuelo, el incremento a las exportaciones petroleras no es la medida más deseable para captar divisas, por cuanto tales exportaciones aceleran el agotamiento del recurso.
En suma, en tanto no sea posible revertir las asimetrías económicas y sociales que dan origen al flujo migratorio desde nuestro territorio hacia el norte –y es claro que ello no ocurrirá a corto ni a mediano plazo–, las prioridades gubernamentales deben dirigirse a la atención de los ciudadanos mexicanos que generan uno de los mayores caudales de divisas con que cuenta México y, ciertamente, el más confiable y positivo para las economías, tanto del país de origen como de la nación vecina en la que realizan sus labores.
