El incremento de las cuotas y aportaciones de trabajadores y dependencias gubernamentales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) está previsto en la ley vigente a partir de 2007. El ordenamiento señala que en situaciones de déficit que impida al instituto el cumplimiento de sus obligaciones lo deberá reportar al Ejecutivo, el Congreso y sus derechohabientes para hacer las actualizaciones necesarias.

El Informe Financiero y Actuarial 2013 del Issste reconoce, sin embargo, que esta necesidad se requerirá en los próximos cuatro a siete años, según el nivel de aumento que tengan los costos de los servicios médicos. Pero, advierte, incrementar las cuotas es una medida indispensable para garantizar la participación del instituto en el proyecto de unificación del sistema nacional de salud, comprometido por el presidente Enrique Peña Nieto.

Una condición similar plantea el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el informe sobre su respectiva situación financiera 2012-2013, e igual que en el Issste, lo atribuye a la insuficiencia de recursos para solventar los gastos médicos de pensionados.

El Issste explica, en el reporte entregado al Ejecutivo y el Congreso de la Unión, el reto que le significa el compromiso de la seguridad social universal del gobierno de la República. El primero es un riesgo financiero, pues en el mediano plazo sus recursos serán insuficientes para asegurar la atención médica de los pensionados.

De acuerdo con el planteamiento federal, la posibilidad de que los pacientes asistan a cualquiera de las instituciones sin importar su derechohabiencia y de que de esta manera los recursos económicos se entreguen al organismo que preste la atención, para el Issste traerá dificultades en la planeación de la oferta y la estructura para otorgar los servicios.

El organismo también vislumbra que en ese escenario se dificultará la rendición de cuentas. Al dispersarse las responsabilidades y los flujos económicos entre diferentes actores, se complica la transparencia en el uso de los recursos, dice el informe.

Este escenario no había sido señalado en los informes anteriores. Hasta 2012, las autoridades del Issste resaltaban las bondades de la reforma a la ley, cuyo punto central fue lograr el equilibrio financiero de los seguros, prestaciones y servicios que administra. El recuento era positivo.

Respecto del seguro de salud, el informe 2012 reconocía apenas fluctuaciones en los resultados actuariales debido a cambios en los supuestos; es decir, en las estimaciones de los costos de atención médica. A pesar de ello, el documento aseguraba que había solvencia más allá del mediano plazo con periodos de equilibrio y sustentabilidad financiera de 18 y 14 años para la atención de trabajadores y pensionados.

Esto es así porque, resultado de la reforma, se empezó a hacer la diferenciación entre los gastos médicos de trabajadores activos y las personas que al momento de la reforma legal ya gozaban de pensión o jubilación.

De hecho, el informe de 2012 se refirió a estos últimos y reconoció que representan un pasivo históricamente acumulado, cuya cobertura se asegura con la cuota social a cargo de la federación y los mecanismos previstos en la ley. También admitió que esto representa costos fiscales, pero con nueva ley frenó su crecimiento.

La administración actual, en cambio, subraya en la insuficiencia de cuotas y aportaciones para financiar el seguro de salud y advierte que en ausencia de transferencias gubernamentales, a partir de este año empezará a utilizar los recursos de la reserva financiera y actuarial. Así contará con recursos para los próximos seis años sin modificar cuotas y aportaciones.